Verfassungswidrig
Die Bande zwischen der Zentralregierung und der Wirtschaft könnten enger kaum sein. Und nicht selten lässt sich auch die Justiz einspannen, um deren Interessen durchzudrücken. So überrascht es, dass das Verfassungsgericht kürzlich den Klägern Recht gab, die gegen die Entschädigungszahlung an die Betreiberfirma des Castor-Gaslagers protestiert hatten. Nach dem Scheitern des umstrittenen Projektes – der Einleitung von Gas in ein früheres Ölbohrloch in vulkanisch geprägten Meerestiefen vor den Provinzen Tarragonas und Castellóns –, hatte Rajoy sich 2014 großzügig bereit erklärt, der Firmengruppe ACS unter der Leitung des Real Madrid-Präsidenten Florentino Pérez innerhalb von nur 35 Tagen satte 1,35 Milliarden Euro auszuzahlen und diese Kosten auf den Verbraucher umzulegen. Das war verfassungswidrig. Die Regierung müsste nun das Geld zurückfordern und den Gaspreis senken. Ob das wohl geschieht? Inconstitucional Los entramados entre el gobierno central y los empresarios nacionales y consorcios multinacionales son muy estrechos y en no pocas ocasiones hasta la justicia se deja instrumentalizar, para que puedan conseguir sus intereses. Por eso sorprende, que el Tribunal Constitucional recientemente haya dado la razón a los demandantes, que se habían querellado contra la indemnización exprés a la empresa del polémico proyecto Castor. Tras el fracaso del almacenamiento de gas en un antiguo pozo de petróleo en el fondo del mar, delante de las costas de las provincias de Tarragona y Castellón – en una zona de origen volcánico – Mariano Rajoy había decidido alegremente pagar en tan sólo 35 días unos 1.350 millones de euros a la empresa ACS del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El coste lo tendrá que pagar el consumidor, informó el presidente español entonces. Eso ha sido inconstitucional y el gobierno central tendría que exigir ahora la devolución del dinero y bajar el precio del gas. A ver, si eso se hará realidad.