El fiscal se opone a que la causa por rebelión vaya al Tribunal Supremo
La jueza Lamela envía el informe que le solicitó Llarena
La fiscalía mantendrá su criterio. Considera que sigue vigente el que el pasado 30 de octubre le llevó a interponer dos querellas, una ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, ya que conservan la condición de aforados, y otra ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de miembros del depuesto Gobierno de la Generalitat.
El ministerio público ante el Tribunal Supremo informará este miércoles al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena en contra de incorporar en la causa que sigue por rebelión, sedición y malversación que la jueza Carmen Lamela tiene abierta por los mismos delitos en la Audiencia Nacional.
La magistrada, por su parte, ya ha remitido al alto tribunal los «aspectos fácticos, procesales e investigativos» del procedimiento que abrió por sedición contra el exmayor de los Mossos Josep
Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, en el que posteriormente acumuló la querella por rebelión presentada contra el Govern.
En un principio el ministerio público iba a presentar dos informes, uno ante el Supremo y otro para pedirle a Lamela que siguiera adelante con sus actuaciones. Sin embargo, finalmente será únicamente la fiscalía ante el alto tribunal la que se pronuncie sobre la acumulación de causas a la que aspira Llarena, al entender «inescindibles» los hechos investigados en las dos causas.
La fiscalía basa su negativa a la acumulación en que no se puede privar a los no aforados de la posibilidad de disfrutar de una doble instancia judicial, circunstancia por la que España ha sido condenada reiteradamente por la justicia europea. Los condenados por el Tribunal Supremo no cuentan con la opción de que se revise su situación más allá de con el amparo del Constitucional.
El ministerio público se mostrará a favor de revisar la acumulación tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, si el número de aforados aumenta al volver a ser elegidos diputados los miembros del Gobierno catalán en prisión.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha remitido al Supremo la causa en la que se investigaba a la Mesa secesionista del Parlament por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, a raíz de las deducciones de testimonio realizadas por el Tribunal Constitucional al ver desoídas sus resoluciones reiteradamente.
Esta causa fue reclamada al tribunal superior catalán por el propio Llarena, el pasado 9 de noviembre, el mismo día que tomaba declaración a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa.