Montero dejó en el limbo la oficina antifraude incluida en el pacto con C’s
El organismo, dependiente de la Consejería de Hacienda, debía estar listo en el primer trimestre de 2017, pero ni siquiera se ha aprobado su decreto de funcionamiento
Hace casi tres años, el 17 de julio de 2015, María Jesús Montero estrenaba legislatura en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento. El Gobierno de Susana Díaz tenía poco más de un mes y la ex consejera acudía a la Cámara a explicar las líneas maestras de su departamento. Fue la primera vez que Montero habló de la creación de la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción de Andalucía, que estaba entre las promesas electorales incluidas en el programa del PSOE para las autonómicas de 2015 y en el acuerdo de investidura que firmaron los socialistas con Ciudadanos (C’s).
Ya se barruntan las próximas elecciones y, por el momento, no hay ni rastro de dicha oficina. Durante la primera mitad de la legislatura, la puesta en marcha del organismo no parecía una prioridad, pero C’s, que lleva por bandera la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, consiguió incluir la creación de la oficina en el acuerdo para los Pre- supuestos de la Junta de 2017. Ahí comenzaron las presiones de Juan Marín, líder del partido naranja, a la propia Susana Díaz.
Durante un Pleno en febrero del año pasado, el político gaditano le arrancó a la presidenta de la Junta la promesa de que la oficina antifraude echaría a andar en el primer semestre de 2017. La presión debió surtir efecto, porque en abril, el Gobierno de la Junta pactó con su socio preferente que el organismo estaría listo en octubre o noviembre del año pasado. Ya no sería en el primer semestre, pero las prisas hacían aconsejable que la entidad dependiente de la Consejería de Hacienda se creara mediante un decreto y no a partir de una ley, lo que alargaría los trámites.
En junio de 2017, el equipo de María Jesús Montero ya tenía listo el decreto. La ex consejera lo presentó a bombo y platillo. Los trabajadores de la oficina antifraude, que costaría medio millón de euros, podrían interrogar a cualquier empleado de la Junta, incluso de los entes instrumentales. En aquella comparecencia, María Jesús Montero retrasó un poco más la entrada en funcionamiento del organismo: principios de 2018.
Para cumplir el nuevo plazo, el Consejo de Gobierno debía aprobar el decreto de creación de la oficina en septiembre del año pasado. Estaba en el Plan Normativo de 2017, pero fue uno de los muchos decretos que se quedaron sin aprobar. Lo único que se supo fue a partir de una denuncia del PP, cuya secretaria general andaluza criticó que la oficina antifraude iba a crearse a partir de una disposición adicional a la Ley de Presupuestos de 2018. No hubo ni rastro.
Un año después del primer compromiso de puesta en marcha –primer semestre de 2017– no hay Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción de Anda-
lucía. Ni siquiera está en el Plan Normativo de 2018, presentado por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Fue él quien, junto a María Jesús Montero, pactó en abril de 2017 con Juan Marín la creación del organismo mediante un decreto. Justo un año después, fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, todavía bajo el mando de Montero, reconocieron a este medio que el documento legislativo aún no estaba listo. “Preferimos presentarlo con todo cerrado”, explicaron estas fuentes, que calificaron el decreto de “delicado” y aludieron al alto nivel de participación con el que se estaba redactando.
Poco después, la situación política en España dio un vuelco y el resto es historia. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y para armar los Presupuestos Generales del Estado llamó a María Jesús Montero. La consejera de Hacienda se convirtió en ministra y, ahora, es su heredero, Antonio Ramírez de Arellano, el responsable de cumplir una promesa que lleva toda la legislatura en el limbo.
El PSOE llevaba en su programa de 2018 la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción