CUANDO SE QUIEBRA LA LEALTAD
LA función de los ejércitos fue siempre motivo de debate público en las democracias liberales. Fuese una república o una monarquía parlamentarias, a la hora de redactar sus constituciones, los padres fundadores, como se da por llamar a esos legisladores, se mueven entre la tranquilidad de gestar un ejército poderoso para protegerse de las amenazas del exterior y el miedo a que la institución militar se constituya, en el ámbito interno del país, en un poder que rompa los principios de separación y equilibrio de poderes.
El análisis de esta cuestión en los Estados Unidos por Samuel P. Huntington en “El Soldado y el Estado” publicado en 1957, acuño la idea que hoy conocemos como “control civil de lo militar”, donde plantea su doble visión: la liberal y la conservadora. La primera aboga por un control absoluto de la actividad militar, aunque ello suponga perder eficacia en la acción. La segunda confía en su autocontrol, propugna una mayor autonomía militar en beneficio de su eficaz funcionamiento. Sea como fuere, el planteamiento de salida parte de la premisa de que el soldado se alista voluntariamente y únicamente se le recluta forzosamente en situaciones extremas.
Esta concepción del servicio en las fuerzas armadas en el mundo sajón como una aportación individual y voluntaria a la nación, difiere en esencia del modo en que se entiende la milicia en países con una doctrina militar de “el pueblo en armas”, nacida en el periodo napoleónico en Europa. Una idea que sirvió para establecer la obligatoriedad del servicio militar y que, en la mejor de sus formas, sirvió para cohesionar internamente los estados y, en la peor de ellas, establecer dictaduras como sistema de gobierno. Sea como fuere, el debate público en democracias parlamentarias, como la española, partió siempre del respeto a la neutralidad política de la Institución militar y se mantuvo hasta hoy en límites que iban desde la forma administrativa en que se debía realizar el control civil de lo militar y, en su vertiente social, si debía nutrirse de personal de forma obligatoria o voluntaria.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, la trasgresión de la neutralidad política por parte de cualquiera de los miembros de la Fuerzas Armadas españolas se vio sancionada por la Justicia, en fondo y forma, a tenor de los criterios que establece la legislación penal y disciplinaria española. Esa era la manera justa y razonable, además de legal, de actuar porque una cosa son los pecados de sus miembros y otra los defectos de una institución. Sin embargo, parece que el asunto cambió de tercio, en el argot taurino. La
aprobación por la mesa del Congreso de los Diputados de la creación de una Comisión de Investigación “sobre la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas y las eventuales intromisiones, injerencias e influencia de la misma, por medio de la jerarquía militar, en los poderes Ejecutivo y Legislativo” es una situación sin precedentes. Hay elementos para preocuparse por ello.
La presunción de la existencia de de grupos políticos organizados en el seno de las Fuerzas Armadas, con independencia a la ideología de que se trate, es un punto de ruptura de la confianza que merecen las Fuerzas Armadas por parte de representantes de la soberanía nacional. Se trata por tanto de una fisura que algunos pueden utilizar para producir una quiebra institucional. El señalamiento de la “jerarquía militar”, en un intento de asociarla a altos cargos en ejercicio, como impulsora de eventuales intromisiones, injerencias e inf luencias sobre dos poderes del Estado, resulta injusto y desleal con quienes, con mayor responsabilidad, dedican o dedicaron toda su vida al servicio público, sin tacha. Todo suena a intento por dañar honorabilidades, romper los principios de jerarquía, disciplina y subordinación que rigen en los ejércitos en democracia y así imponer el régimen “unificado” y “asambleario” de dictaduras populistas.
Aunar tal investigación sobre dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y dejar al margen el Judicial, da otro indicio de la finalidad que se busca: suplantar a la Justicia sin apellidos por esa otra “Justicia Social” que se ejerce fuera del sistema, sin garantías ni defensa posible, porque me temo que el dictamen de la Comisión está ya escrito de antemano, como ocurre con las sentencias de los arbitrarios tribunales populares.
Desde la Constitución de 1978, la trasgresión de la neutralidad política por parte de los miembros de la Fuerzas Armadas españolas se vio sancionada por la Justicia, en fondo y forma