Abengoa somete a votación el cese del consejo que traicionó a los accionistas
● El orden del día de la junta general no propone alternativa al nombramiento de Clemente Fernández
El actual consejo de Abengoa ya tiene fecha de caducidad fija: el 4 de marzo. Los actuales consejeros, Juan Pablo López-Bravo y Maragarida de la Riva Smith, forzados por los accionistas de la compañía, que los eligieron el 22 de diciembre sin saber que ese mismo día les traicionarían, han convocado la junta general extraordinaria en la que se votará su reprobación y cese y la designación como consejeros de Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Antonio Martínez Sieso, para el 3 de marzo en primera convocatoria y para el día siguiente en segunda, que es la fecha en la que compañía espera que se celebre.
La convocatoria de la junta general extraordinaria, en la que el actual consejo no propone una terna alternativa –ni siquiera compuesta por ellos dos y una tercera persona– pone horizonte a la permanente huida hacia adelante en la que está inmersa la compañía desde que no se firmó el rescate financiero anunciado en agosto dentro del plazo máximo previsto, el 31 diciembre último. Ese fracaso motivó que el pasado 8 de enero, el consejo de administración de la filial operativa, Abenewco 1, que era el mismo que el destituido en la matriz el 17 de noviembre de 2020, dimitiese, lo que supuso que
Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y sus consejeros –Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps– dejasen el grupo.
Sin embargo, desde el mismo día 8 de enero, los consejeros actuales –ya sin Jordi Sarrias, que había dimitido el día 4 por estar en contra de traicionar a los accionistas– aseguraron que intentarían seguir adelante con el rescate y anunciaron que nombrarían otro consejo en Abenewco 1. Ese trámite, según la compañía, se cumplió, aunque no ha anunciado los nombramientos al regulador bursátil, la CNMV, pese que de esa sociedad unipersonal cuelgan todos los negocios, activos y empleos de la cotizada. Tampoco ha sido publicado aún en el Borme su inscripción.
El consejo que preside Juan Pablo López Bravo, en ese tiempo, sólo ha anunciado dos supuestas prórrogas de la fecha de caducidad del contrato de refinanciación, la última ayer, y que extiende el plazo de nuevo hasta el 19 de febrero, una vez cumplida el plazo del 1 de febrero que anunciaron el 15 de enero (un plazo filtrado a algún medio económico madrileño que nunca se oficializó).
Fuentes financieras y gubernamentales señalaron, no obstante, que no todos los acreedores de la cotizada reconocen esos nuevos plazos, que atribuyen sólo a los que podría estar otorgando el pool bancario que encabeza el Banco Santander. Fuentes del Gobierno reiteraron que no hay novedad sobre el rescate, sin que existan negociaciones sobre el mismo, y que están a la espera de que la paz social se produzca para poder reanudarlas. Esa paz social, si no hay nuevas sorpresas, podría empezar a conseguirse a partir de marzo, una vez elegido el nuevo consejo de administración propuesto por los accionistas.
Además de los puntos del orden del día propuestos por los minoritarios que han forzado la junta general, el actual consejo ha incluido un primer punto denominado “Información sobre la situación de la compañía, justificación del Interés Social”. Esta inclusión apunta a que el presidente actual dé una justificación a su decisión contra el criterio de los accionistas que le eligieron de no dar paso a Clemente Fernández tras la junta de diciembre y alinearse con la dirección depuesta en noviembre, que proponía un rescate que provocaría la ruptura societaria del grupo, asilando a la matriz, que previsiblemente iría a la quiebra.