LO TUYO ES DE TODOS Y LO MÍO ES MÍO

EN cualquier conversación se usa esa expresión, para hacer referencia a cómo la izquierda entiende el sentido de la propiedad privada. España es hoy ejemplo de esta expresión. El Pleno del día 5, nuestra formación presentó una moción en su defensa, puesto que desde el ejecutivo central de la coalición social-comunista se están llevando unas reformas legales encaminadas a la “expropiación” de las viviendas a aquellos que con su esfuerzo poseen un inmueble, haciendo frente ahora también a la inseguridad jurídica e indefensión que supone la imposibilidad de desahuciar a quien la

ocupe, sin mediar violencia. Exponiendo datos del propio INE, que según Podemos no hicimos constar en nuestra moción; el 25% de las ocupaciones de nuestro país son conflictivas, es decir, violentas y este fenómeno conlleva una serie de problemas ligados a la ilegalidad y clandestinidad en que se desarrolla la actividad, como inseguridad o malestar que supone la expulsión de los vecinos originarios entre la comunidad de propietarios. Además, el impacto negativo de una ocupación ilegal supone entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda y una pérdida de valor de los inmuebles entre el 40% y el 60%, según este organismo. La izquierda recurrió al argumento fácil y socorrido de “extrema derecha y represores”, a lo que les instamos a que nos dieran los datos de la formación extremista de derechas que gobernaba en países de nuestro entorno donde al contrario que en nuestro país, se han adoptado medidas

frente al fenómeno de la okupación ilegal y en defensa de la propiedad privada. Mientras que en España, hasta ahora un procedimiento de desahucio duraba como mínimo 8 meses, y además tramitado por la vía civil ahora suspendidos hasta mayo, en el resto de Europa tiene la consideración de delito, con la mera denuncia ante las fuerzas del orden y acreditar la propiedad, para proceder a su desalojo inmediato y la recuperación de tú inmueble. Bajo la excusa de regular nuevos procedimientos en materia de consumidores y usuarios, se han adoptado decisiones agresivas frente a los que este Gobierno denomina “grandes tenedores de viviendas”, en referencia a fondos de inversión, pero también a aquellas empresas y particulares que posean al menos 5 pisos o más de 800 m2 en propiedad. De este modo el Gobierno ha ido ampliando la definición de “gran tenedor” que, inicialmente, tan sólo se refería a bancos y fondos de inversión, luego lo extendió a todos aquellos que poseyeran más de 10 pisos y ahora sitúan el límite en apenas 5 inmuebles o bien 800 m2 de superficie. Como anécdota, mientras Pablo Iglesias y el Gobierno central han aprobado un decreto-ley pro okupación de viviendas, para la suya, el vicepresidente segundo exige - protección policial. Así que señores, prediquen con el ejemplo.

Como dato, en 2017 se registraron 10.619 delitos y faltas por ocupación ilegal de inmuebles