Embargos de cuentas y pensiones por impago de multas del ORA o recibos
El PSOE cree que hay indefensión frente a un Ayuntamiento que tarda años con las reclamaciones
La concejala del PSOE Carmen Aguilar ha denunciado la situación de indefensión en la que viven muchos almerienses por la “mala gestión” Del PP en el Ayuntamiento, al no resolver a tiempo las reclamaciones que los contribuyentes plantean en materia de impuestos, tasas y precios públicos, así como sanciones de tráfico y del ORA, ya que pueden llegar a tardar en contestar hasta dos años y medio.
En su opinión, “es un abuso el embargo de la nómina o pensión por una multa del ORA, del cobro de un impuesto o la tasa de la basura, y que la única opción sea acudir a los tribunales para conseguir justicia porque el alcalde y su equipo de gobierno no ponen los medios necesarios para que el Órgano de Gestión Tributaria Municipal pueda contestar esas reclamaciones, ya que son muchísimas las quejas que venimos recibiendo de personas que llevan meses sin obtener respuesta a sus recursos administrativos”.
Según Aguilar, “algunos casos de los que hemos conocido son preocupantes y demuestran la falta de interés del alcalde en resolver los problemas diarios de los almerienses, máxime cuando, muchas veces, se trata de dinero que se les ha cobrado indebidamente y que el Ayuntamiento debería devolverles”. Además, ha reclamado que ese dinero se devuelva con los intereses legales, ya que en ocasiones son cuantías importantes acumuladas durante mucho tiempo, que han derivado en el embargo de nóminas o pensiones, dejando a personas sin acceso a sus ingresos.
La situación, a su juicio, más preocupante tiene que ver con la gestión del impuesto del incremento del valor de los terrenos, las plusvalías, con un importe económico muy elevado, ya que los afectados por el cobro indebido presentan recursos que han de resolverse, lo que no impide que el Ayuntamiento les envíe la carta de pago y que, si no lo abonan en periodo voluntario, la deuda se incremente en un 20%. Según la concejala del PSOE, “hay casos de personas que han pagado más de 8.000 euros, y, a pesar de llevar razón, han tenido que pagar, al no haberse resuelto su reclamación en el plazo que marca la ley”.
Aguilar ha destacado el hecho de que, ante este tipo de recursos y reclamaciones, “si el Ayuntamiento no contesta a tiempo o, directamente, no contesta, que es lo que está haciendo, el sentido de recurso, según marca la ley, es desestimatorio”. “Esto significa que, sin mirar el tema ni contestarle, por silencio administrativo, el ciudadano no tiene razón, por lo que la única vía que le queda para defender sus derechos es el Juzgado, con la lentitud del proceso y el gasto”.