El número de inspecciones a viviendas irregulares se duplica en 2 años
● La Consejería de Fomento destaca los beneficios producidos por la aprobación de la nueva norma y el incremento del control
El número de expedientes tramitados por el cuerpo de la Inspección de la Consejería de Fomento para prevenir la aparición de viviendas irregulares se ha duplicado en dos años. Frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 se contabilizaron 965 expedientes, un 73% más, y en 2020, en pleno año de pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2019 y un 95% más si se compara con 2018.
En 2020 se han tramitado 1.087 expedientes, mientras que en 2018 fueron 557
Así lo señala una nota de la Consejería de Fomento, cuya titular, Marifrán Carazo, ha señalado que estos datos demuestran que la aprobación del decreto ley de medidas urgentes para la adecuación de las edificaciones irregulares y con el incremento de la labor inspectora han hecho efecto “contra la proliferación de este tipo de construcciones, que no sólo atentan contra la normativa urbanística sino que tiene graves consecuencias medioambientales para el territorio”.
“De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de viviendas ilegales, como hacían los anteriores gobiernos socialistas. No lo vamos a permitir”, dijo la consejera.
Carazo destacó que el incremento de la actuación inspectora se ha producido gracias a la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector.
Para garantizar la eficacia de las actuaciones disciplinarias, se está haciendo uso de las herramientas previstas legalmente para suspender de inmediato la ejecución de actuaciones ilegales en suelo no urbanizable. En especial, se trata de las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción, del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas.
Dada esta tarea preventiva y de contención de la ilegalidad en los primeros estadios, en 2020 el servicio de inspección precintó 65 edificaciones en el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable. Este dato contrasta con que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. En esta labor para frenar los procesos parcelarios está siendo clave la coordinación con los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como con la Fiscalía dado que, en los últimos años estas parcelaciones ilegales se desencadenan a un ritmo vertiginoso, mediante la autoconstrucción o la instalación de casas prefabricadas en el terreno.
Junto a estos precintos, destacan las resoluciones de contenido económico contra los parceladores que, con ánimo de lucrarse y a sabiendas de su ilegalidad, venden cuotas de suelo no urbanizable. En 2020 se abrieron 75 expedientes sancionadores por importe superior a cuatro millones de euros. Ese dato triplica los 25 expedientes iniciados en 2018. Es de destacar igualmente la apertura de hasta 16 procedimientos sancionadores por haber publicitado en Internet la ejecución de estas obras, una de las novedades que incluía el citado decreto.