Vilaplana procesa al conseguidor Juan Lanzas por el ERE de Río Grande
El juez cierra la instrucción con 9 investigados, entre ellos la dueña del restaurante
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto en el que ha procesado a nueve personas, entre ellas el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que figuraban como investigadas en la pieza separada por las ayudas de 1,5 millones otorgada a la empresa Río
Grande de Sevilla. El magistrado también procesó recientemente a Lanzas por el ERE de Mercasevilla, siendo estas piezas de las primeras que se investigaron cuando estalló el escándalo.
Entre los nueve encausados en esta pieza separada de la macrocausa, se encuentran la administradora única de Río Grande, Carmen García Sánchez; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería y del bufete Estudios Jurídicos Villasís, y la intrusa Carmen Fontela, que nunca había sido trabajadora de Río Grande y fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro . Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Río Grande Sevilla, Vitalia, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería.
En un auto fechado el día 30 de abril, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de inf luencias y malversación, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.
En el auto, Vilaplana explica que el objeto de esta pieza separada del caso “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta a la entidad Río Grande S.L. sin sujeción al procedimiento legalmente establecido”, añadiendo que, “así, de manera ilícita y fraudulenta, se concede una ayuda o subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE 21/2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio”.