Desahucio en Gérgal de dos jóvenes okupas con bebés
● La pareja de 22 y 20 años sin trabajo fue desalojada ayer de una vivienda social tras cinco meses ● El alcalde fue el único voto en contra de la medida apoyándose en informes de Servicios Sociales
El peor día de sus vidas. Ese en el que de la noche a la mañana te quedas sin techo, sin cobijo, sin lugar donde dormir sin preocuparte de que llueva o haga viento y sin que, lo más importante, tus hijos estén desprotegidos. Daniel Cortés y Eva María Cortés, dos jóvenes de 22 y 20 años, padres de Daniel y Eva, de tres y un año respectivamente, se vieron ayer en esa dramática situación. La orden de desahucio ejecutada tras la denuncia por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la ocupación de una vivienda social en el municipio de Gérgal acababa de manera drástica con los sueños y el futuro de dos jóvenes, aún con mucho por vivir, y que afirmaban a este periódico, minutos antes de que se llevase a cabo el lanzamiento, que “no tenemos dónde ir”. Su drama es un claro ejemplo de la situación que viven miles y miles de familias que no tienen capacidad económica para hacer frente a un alquiler y que viven con la preocupación constante de no saber qué pasara mañana. Lo suyo es un carpe diem extremo, sin ilusiones, simple y llanamente prima la supervivencia.
Daniel y Eva nacieron en Gérgal y han vivido toda la vida en su pueblo. Hace tres años, cuando ella se quedó embarazada del pequeño Daniel, se fueron a vivir con un hermano de Daniel. “Allí teníamos una planta para nosotros pero necesitábamos más espacio y tuvimos que buscarnos la vida porque nuestras familias podían ayudarnos más”, afirma el padre.
Por eso, hace cinco meses, decidieron ocupar una de las viviendas de protección oficial que AVRA tiene en Gérgal, en una de las zonas más escarpadas y alejadas del casco urbano. Allí viven muchas familias con problemas económicos que pagan de media entre 50 y 60 euros al mes como alquiler social. En su caso, no ocuparon a la fuerza la vivienda. “Mira, aquí tengo las llaves y la cerradura no está forzada”, espeta Daniel, con cierto ner viosismo a medida que se acerca la hora del lanzamiento. Una mujer de avanzada edad que vivía allí junto a una cuidadora falleció y fue ésta la que les cedió las llaves del inmueble en el que han estado viviendo hasta hoy. No querían problemas y cuidaron el inmueble como si fuese suyo. Pero eran conscientes de la irregularidad que habían cometido al
ocupar una vivienda que l os Servicios Sociales debían volver a poner en el mercado para destinarla a una familia que lo necesitase como es su caso. Y de hecho, cuentan con su beneplácito: “Tenemos informes de los Ser vicios Sociales en los que aseguran que necesitamos un hogar. Tenemos dos niños pequeños y no tenemos trabajo. Necesitamos un techo para poder vivir pero no nos han hecho caso”, lamenta Eva.
A las 9:35, cinco minutos después de la hora estipulada para el lanzamiento del desahucio, se personan en su puerta una comitiva judicial conformada por tres personas y seis agentes de la Guardia Civil. Tocan el timbre y les recibe Eva, que detrás del portón, asiente mientras la funcionaria judicial le explica en qué consiste el procedimiento. En ese momento, la calma se disipa. Daniel levanta el tono de voz y les reprende: “No tenemos dónde ir. Yo no me niego a pagar 50 ó 60 euros pero... ¿qué hago con mis dos hijos?”, vocifera.
Su negativa obliga a que intervenga uno de los agentes de la Guardia Civil, que de manera serena le explica que tienen que proceder a desalojar la vivienda y que, si no lo hace, “lo haremos por las malas y os iréis detenidos. Elegid”. No hay respuesta posible ante esa encrucijada. Los pequeños Daniel y Eva siguen durmiendo en la planta alta de la vivienda, ajenos a todo. Les van a expropiar sus sueños, su lugar de juego, quizás su única oportunidad de tener un futuro mejor. No hay compasión alguna. Hay que acatar la decisión de un juez. Lo repiten varias veces la funcionaria judicial y el Guardia Civil que ejerce de portavoz. El resto de sus compañeros peinan la zona. Pocas miradas curiosas. Es una calle con poco trasiego de coches, alejada de la realidad, y solo algunos
Entraron a vivir tras morir la anterior inquilina, una anciana. Su cuidadora les dio las llaves
Yo no me niego a pagar 50 o 60 euros pero si nos echan, ¿qué hago con mis dos hijos?”
vecinos desde sus puertas reniegan con voz baja: “No es justo, no es justo”.
Minutos de ner viosismo, de tensa calma, terminan con la aceptación del desalojo. No les queda otra. Son demasiados jóvenes para digerir lo que supone, pero también conscientes de que unos metros más arriba hay dos niños que merecen toda su atención. Eva, que minutos antes nos había enseñado su parco y humilde salón, comienza a abrir bolsas de basura para empezar a recoger todos sus enseres. “No sé lo que vamos a tardar, tampoco tenemos muchas cosas”, afirma Daniel en respuesta a la celeridad que los agentes de la Guardia Civil les exigen. La funcionaria judicial les recuerda que la ejecución debía haberse producido el martes de la semana pasada pero por un problema de agenda se ha retrasado hasta el jueves. “Habéis tenido mucho tiempo para recoger todo. Ya sabíais que veníamos. No podemos estar aquí toda la mañana”, les recuerda.
Diez minutos después se personan varios familiares junto a dos vecinos que viven justo enfrente y comienzan a ayudarles a realizar el desalojo. Todo lo que dejen allí lo perderán. No hay segundas oportunidades. Primero el sofá, luego la lavadora, después el frigorífico. La furgoneta del vecino se queda pequeña. Toca cargar el vehículo de Daniel y el de un familiar. A la ropa, metida en bolsas, le sigue la comida. Y finalmente, los juguetes. Daniel lleva varios peluches y una motocicleta. Sus ojos evidencian la rabia interior por un futuro incierto. Los Reyes Magos esta vez no les trajeron la tranquilidad que anhelaban. Tocará bregar para encontrar otro lugar desde el que fortalecer su familia.
Los pequeños Daniel y Eva también salen de su letargo. Eva María, f lanqueada por agentes de la Guardia Civil en la calle, lleva a la pequeña Eva, que abre los ojos con curiosidad por todo lo que le rodea, a casa de la vecina. Después le sigue Daniel, totalmente tapado. Sigue dormido. No sabe que ha sido su última noche allí. Que sus juguetes están en el maletero revueltos con comida y ropa. Una alegoría de su vida: todo patas arriba.
A 20 metros de allí, un albañil de una empresa servicios múltiples espera paciente. “Esta es la primera vez que vengo a Gérgal”, nos confiesa. Su encomienda es clara: tapiar la puerta de entrada a la casa y soldar la puerta exterior para evitar que nadie puede ocuparla de nuevo. Trabaja para las aseguradoras de las viviendas y afirma que en estos últimos meses “he estado en centenares de casas tapiándolas. Hay muchos desalojos, sobre todo en Vera”. Él es el encargado de cerrar por completo una etapa vital de Daniel y Eva. No hay sensibilidad alguna. Son momentos duros que precisan de mente fría y corazón de hielo. Allí nadie cede hasta que el desalojo concluye. Han hecho falta dos viajes con los coches de los familiares y los vecinos. La familia vuelve a casa del hermano de Daniel “por el momento”. Los ojos de Eva se humedecen. Por un momento su sueño de que todo esto era una pesadilla le dio fuerzas para desmontar su hogar. Ahora, con todo arremolinado en varios coches, toca despertarse y volver a levantarse. No les queda otra.
Y lo peor es que este acto de
“Hemos intentado hacer todo lo posible para evitar esta situación”
Un albañil tapió ayer la puerta bajo la atenta mirada de los 6 agentes de la Guardia Civil
inmadurez y de irresponsabilidad les puede salir caro. Al haber ocupado una vivienda social desde la AVRA se les puede sancionar con no poder optar de nuevo a ellas. El castigo puede ser inquisitorio.
“Desde el Ayuntamiento hemos intentado hacer todo lo posible para evitar esta situación”, explica el alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro. No en vano, semanas antes, se celebró una sesión plenaria urgente en la que se debatió la creación de una comisión para gestionar los casos de familias con necesidades extremas y facilitar así a Servicios Sociales su labor. De haberse aprobado esa comisión, que solo contó con el voto a favor del alcalde (que ahora gobierna solo tras perder la confianza de sus dos compañeros del PP al no cumplir con Cs el pacto de alternancia en el gobierno), Daniel y Eva quizás habrían tenido una segunda oportunidad. Al menos, se habría paralizado el desahucio y se habría estudiado su caso. Guijarro afirma que “yo confiaba en que saliese adelante porque el informe elaborado con los datos de las familias venía de Servicios Sociales”. Era su último cartucho y erraron el tiro.
La calle Escritor Juan Miguel Uceda Carreño ya es parte del pasado de esta familia. La crónica de su anunciado desahucio se ha consumado.