ESTADO DE CONFUSIÓN

virus salpicaran su valoración en las encuetas y perjudicaran al gobierno de coalición. El estado de alarma fue una solución idónea para evadir la obligación del Gobierno de rendir cuentas de su gestión ante el Congreso de los Diputados. Y así, entre cifras de contagios y fallecidos que no respondían a la realidad, los consejos sobre el uso de mascarillas, la rocambolesca irresponsabilidad en la la protección de los sanitarios, las fallidas compras de material sanitario y de prevención, la dejación del Vicepresidente de atender su cometido social en las residencias de ancianos, y una lista de errores y ocultaciones, hemos llegado a esta fecha mientras poco a poco van llegando las vacunas y aumentan esperanzadoramente la cifra de vacunados. El pasado día 9 de mayo concluyó el Estado de Alarma, las cifras de contagios, hospitalizaciones, ocupaciones de UVIs y fallecidos, comienzan una progresiva disminución, pero sigue siendo motivo de preocupación para los médicos y expertos virólogos. Las medidas para contener el desbordamiento de euforia e irresponsabilidad entre la población más joven parecen insuficientes por cuanto las CC AA carecen de facultades para prohibiciones y recortes de libertades constitucionales. Entre ellas la limitación de viajes por el territorio nacional, los cierres perimetrales y otras relacionadas con actividades de ocio. Conscientes de tales limitaciones la mayoría de las CC AA han instado al Gobierno para acordar una legislación adecuada a las necesidades urgentes para seguir afrontando con eficacia la pandemia. Habrá que recordar que fue el propio Gobierno quien al comienzo del Decreto del Estado de Alarma y para su aprobación en el Parlamento prometió elaborar una reforma de la Ley General de Sanidad de 1.986 o bien una nueva Ley capaz de dar cobertura legal a las medidas de las CC AA en relación a la pandemia respetando la Constitución. Ahora sabemos que no ha hecho, y que no tiene la mínima intención de hacerlo. La última estrategia del cerebro gris de la Moncloa consiste en alejar al Gobierno de cualquier responsabilidad en relación a este asunto que tanto preocupa a los españoles. Y para ello se ha inventado un nuevo término, la “cogobernanza” que consiste en trasladar a las CC AA cualquier responsabilidad. Y habrá que reconocer que en principio esta idea encajaría en un país federal donde las competencias están claramente repartidas entre los Landers o Estados Federados. Pero descubrimos que en España el llamado Estado de las Autonomías presenta carencias muy significadas para responder a situaciones extraordinarias. Y esta situación es extraordinaria y excepcional por su gravedad para la salud pública. En esta situación se afrontan diariamente soluciones e iniciativas de cada CC AA que no se rigen por una ordenación común a todo el territorio nacional. Y que están siendo rechazadas o aprobadas por los Tribunales correspondientes cuando no existe una doctrina o jurisprudencia al respecto. La confusión está servida. Como ejemplo de lo anterior se ha dado el caso que el mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con una Sala de lo Contencioso en Sevilla y otra Sala en Granada hayan resuelto de manera contradictoria sobre la misma medida de perimetrar (cerrar) algunos municipios andaluces. Esta situación inédita se ha despachado en el Congreso de los Diputados por el propio Presidente del Gobierno rechazando de plano la iniciativa de la oposición de aprobar una ley capaz de dar respuesta al panorama actual y futuro. La respuesta es como cabría esperar en tono triunfalista; no es necesario prolongar el

Estado de Alarma, ni aprobar alguna legislación, confiamos en la eficacia de la vacunación y en la inmediata recuperación económica con la ayuda europea, vino a decir Pedro Sánchez tratando de eludir que diariamente siguen falleciendo en España a causa del virus. Lo que difícilmente pueden asumir los ciudadanos es que se haya establecido de facto el Gobierno de los Tribunales de Justicia. La realidad queda manifiesta por las objeciones del propio Tribunal Supremo a ejercer funciones que corresponden al Gobierno de la Nación y al Parlamento español según expresa en un escrito dirigido al Gobierno. Legislar y gobernar no es función de ningún Tribunal en un país democrático. Todo lo sucedido indica que el Presidente y su Gobierno no han logrado alzarse sobre los signos negativos que acarrea la gestión de esta pandemia. Y para algunos analistas es posible que haya dejado escapar la ocasión de ejercer con decisión un papel de políticas constructivas capaces de acordar un amplio consenso parlamentario. El alejamiento del escenario más doloroso que ha sacudido al país durante un año y medio no parece haber dado resultados positivos al Gobierno, tampoco al PSOE ni a su socio de coalición como ha podido comprobarse en las elecciones de Madrid. El Presidente del Gobierno eligió su papel en esta situación inédita y ahora es posible que compruebe asombrado que estaba en un error y ha continuado en el mismo error hasta esta fecha. Podría haber elegido la senda de acuerdos para un largo periodo de lucha contra el virus liderando las mejores iniciativas de expertos y de los grupos de la oposición unidas a las de su Gobierno y consolidar una respuesta formidable a las necesidades urgentes de esta situación de emergencia mundial. No lo ha hecho, y tampoco parece dispuesto a hacerlo. Con la distancia emocional y política de toda la oposición y su propio partido en declive es difícil apostar por el final de este Estado de Confusión.