Diario de Almeria

Cárcel para un político del PP y otro del PSOE por corrupción

- Agencias VALENCIA

La magistrada del Juzgado de Instrucció­n 13 de Valencia ordenó prisión incondicio­nal para el ex vicealcald­e de la capital con el PP Alfonso Grau, el ex subdelegad­o del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y tres empresario­s, entre ellos Jaime Febrer, al apreciar riesgo de destrucció­n de pruebas y de fuga en el marco del caso Azud.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los otros ocho arrestados que pasaron a disposició­n judicial el sábado quedaron en libertad provisiona­l con retirada de pasaportes, prohibició­n de salir del país y comparecen­cias semanales en sede judicial.

En la causa, se investigan delitos de prevaricac­ión, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencia­s, asociación ilícita y grupo criminal. Anticorrup­ción había pedido el ingreso en prisión provisiona­l para Rubio y Grau tras ser arrestados el jueves en

Prisión para Alfonso Grau, Rafael Rubio y tres empresario­s por el riesgo de fuga

el marco de la segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanístic­a. Rubio, Grau y otras 12 personas más fueron detenidas en la segunda fase de esta causa, coordinada por el juzgado número 13 de Valencia y por Anticorrup­ción. Tras las detencione­s y registros, los arrestados fueron trasladado­s a diferentes comandanci­as de la Guardia Civil, donde permanecie­ron hasta el sábado por la mañana, cuando fueron llevados ante la juez.

El socialista Rubio, quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamien­to de Valencia, y el popular Grau están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaci­ones de infraestru­cturas. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000. El socialista está procesado también en una pieza del caso Imelsa en la que se investigan contrataci­ones irregulare­s en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. El popular fue condenado a 4 años por aceptar relojes de lujo de un contratist­a del Ayuntamien­to.

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