De Armada al kamikaze, un rosario de polémicas
● No pocos indultos han sido controvertidos y el Supremo incluso ha corregido al Gobierno de turno
Por su opacidad, por la identidad de la persona beneficiada o por el delito cometido, no pocos indultos han desatado la polémica en las últimas décadas, desde el concedido en los ochenta al ex general golpista Alfonso Armada al otorgado en 2012 a un conductor kamikaze que mató a un joven en Valencia.
Armada, condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por un delito de rebelión militar por su implicación el golpe de Estado del 23-F, consiguió su indulto en 1988, tras solicitarlo en cinco ocasiones.
En su caso, la Sala de lo Militar del Supremo dictaminó por unanimidad a favor por “razones de equidad”: desde prisión había manifestado de forma reiterada “su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional, lo que autoriza a tenerle por corregido y a prever que hará vida honrada en libertad, esto es, que no abusará de la misma para atentar contra la legalidad vigente”.
No tuvo éxito Antonio Tejero, condenado a 30 años por la intentona golpista y cuyo indulto solicitó en 1993 una asociación de mujeres de militares.
Aunque el fiscal togado militar del Supremo informó en contra al considerar que no estaba arrepentido, el Alto Tribunal, por mayoría, lo apoyó al estimar que asumir como propia la petición de indulto era un “indicio de sumisión” y porque la “alarma pública” que provocaron los hechos estaba ya “notoriamente menguada”.
Pero el Gobierno se lo denegó ante la inexistencia de una petición explícita por parte del interesado y la falta de voluntad de acatar el orden constitucional. Los indultos no han escapado a la controversia tampoco en los últimos años y el Supremo incluso se ha encargado de corregir algunas de las decisiones del Gobierno.
Lo hizo en 2012 cuando anuló el indulto que el Gobierno había otorgado a un conductor condenado a trece años de prisión por matar a un joven en Valencia al conducir en sentido contrario en la AP-7.
El Gobierno del PP conmutó esa pena por una multa de algo más de 4.000 euros, pero el Supremo no halló “lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad” en ese acto y subrayó que, aunque se trate de una medida discrecional, debe basarse en unas razones de justicia, equidad o utilidad pública que no se señalaron en el real decreto de concesión del indulto.
Ese mismo año el Supremo también anuló el indulto que el Gobierno socialista había concedido en 2011 al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación falsa cuando presidía Banesto.
El Supremo lo anuló parcialmente al considerar que el Gobierno había incurrido en una “clara extralimitación” de sus competencias al cancelar las consecuencias administrativas de su condena (la retirada de los antecedentes penales), lo que le permitió continuar en el cargo.
En la lista de indultos polémicos destacan también los concedidos al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González, que habían sido condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL.
La Fiscalía se opuso al considerar que no eran de justicia y destacando la falta de arrepentimiento, pero el Supremo apoyó en este caso un indulto parcial al considerar que se había reducido la alarma social que provocó su delito y recordando que los GAL habían abandonado ya las armas.
El Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 –tres meses después de su entrada en prisión– su indulto parcial con una reducción de un tercio de la pena. Argumentó su decisión en el respeto “a los posicionamientos judiciales”.