DE LO COMPLEJO Y SENSIBLE
DEJANDOa un lado los supuestos donde se encuentra amparado el derecho a la autodeterminación, que quedó definido en la Resolución 1514 de la ONU como el derecho a la independencia de los pueblos sujetos a “una subyugación, dominación y explotación extranjeras” (y que, ante tal definición, no puede resultar aplicable a Cataluña), la cuestión de indultar a condenados por delitos contra la integridad y unidad de un país puede ser una de las cuestiones más complejas y sensibles ante las que se vea un Gobierno porque relaciona, como pocos supuestos, a la más alta política con la más alta justicia y porque tras esos delitos siempre quedan historias, más o menos intensas, de pérdidas, dolor, preocupación e indignación frente a las que la Política queda obligada tanto a mostrar la máxima consideración como a actuar para acabar con aquello que las produjo, porque esa es la labor de la Política: remover los obstáculos que lastran a las sociedades y favorecer su convivencia y crecimiento. Son delitos que confrontan, que obligan a elegir, que alteran la convivencia y que sustraen esfuerzos a las labores de gestión de lo público creando, con ello, un clima tóxico que corroe todos los ámbitos de la vida social y lastra a las economías afectadas haciéndolas inmunes a los vientos de inversión, crecimiento y avance, y, por ello, por lo expansivo de sus consecuencias, necesitan de una actuación conjunta de la justicia y la política.
Un ejemplo de las consecuencias económicas del procés catalán: Los datos del Registro Mercantil de los últimos cuatro años reflejan que Cataluña ha perdido en este tiempo un total de 7.007 empresas y ha logrado atraer 2.509 sociedades desde otros puntos del país, lo que sitúa el saldo negativo de estos cuatro años en 4.498 empresas (Diario El Economista de 12-2-21). Casi nada. Y, a nivel social, el procés ha dividido a los catalanes, ha enfrentado a una buena parte de ellos con el resto de españoles y ha preocupado en todas las regiones de España pues, por mucho que el movimiento independentista lo pretenda, sus deseos no son de exclusivo interés y tratamiento por parte de su región, sino que afectan a todo el país en cuestión y, por ello, todo el país en cuestión tiene derecho a pronunciarse y decidir sobre ellos. Y, a nivel público, las instituciones catalanas también han sido víctimas del procés. Un par de ejemplos: un parlamento sin actividad legislativa, y con su tribuna secuestrada por discursos sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, y una administración retenida y mermada por la trama saqueadora del 3%.
Lo dicho, tremendamente complejo y sensible, pero lo que está claro es que este país tiene un problema político y la Política debe intervenir para solucionarlo. ¿La forma correcta? Creo que nadie puede saberlo de antemano
Y, a nivel social, el procés ha dividido a los catalanes, ha enfrentadoaunabuenapartede ellos con el resto de españoles