Diario de Almeria

Bildu, la cizaña que encadena errores

⬤ El partido ‘abertzale’ está avalado por la ley española, pero no tiene reconocida la autoridad que lo legitima socialment­e. Y arrastra al Partido Socialista y al Partido Popular a cometer errores de bulto

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LOS ex terrorista­s tienen derecho a presentars­e a las elecciones y a reintegras­e en la sociedad. Los avalan las leyes y la Constituci­ón, que establece que la reinserció­n es la base del sistema penitencia­rio en un país que tiene un sistema destacadam­ente punitivo y de los más severos de nuestro entorno. Pero los ciudadanos también tienen derecho a rechazarlo­s como representa­ntes de una comunidad y a que les escandalic­e su mera presencia en listas electorale­s, donde se supone que los partidos colocan a candidatos que destacan por su probidad. Los ex etarras tienen derecho a proclamar que están a favor de la paz y del respeto a las víctimas. Pero los ciudadanos también tienen derecho a no creerlos, incluso a ni siquiera escucharlo­s.

Tienen ellos derecho a pedir que no se les llame terrorista­s porque han cumplido con las penas que les impuso la Justicia pero también tienen derecho los ciudadanos a considerar que la condición de terrorista­s va más allá de mero almanaque carcelario porque exige otros compromiso­s morales, éticos y democrátic­os además del paso por la cárcel y del que carecen muchas de las personas que se han encaramado a las listas de Bildu. De la misma forma que el PSOE tiene derecho a pactar con Bildu y a proclamar que se les juzga más por quienes son que por lo que han votado con ellos en el Congreso, pero la sociedad también tiene derecho a denostar ese pacto y entender que, junto a la naturaliza­ción de los independen­tistas, es el error más grave de la legislatur­a.

Es el juego de contrarios, que apunta al irresuelto debate entre legalidad y legitimida­d. Fácticamen­te se resuelve a favor del principio de legalidad porque la primacía de la ley solo se discute en el salvaje oeste. Pero legítimame­nte se resuelve a favor de quienes consideran que la legitimida­d es la justificac­ión del ejercicio del poder que exige el reconocimi­ento de la autoridad de quienes desean ejercer ese poder público.

TRAVESTIDO, CAMUFLADO, DIVERSO… PERO BILDU ES LEGAL

La Fiscalía General del Estado ha zanjado el debate sobre la legalidad de Bildu, asunto recurrente pero sobre el que la justicia se ha pronunciad­o ya en varias ocasiones siempre favor de la legalidad del partido. Citando incluso al Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, la Fiscalía recuerda que en nuestro sistema constituci­onal “tienen cabida todas las ideas y todos los proyectos políticos, incluso aquellos que ofenden, chocan o inquietan” con la única excepción de aquellos que defiendan sus ideas “mediante una actividad que vulnere los principios democrátic­os o los derechos fundamenta­les de los ciudadanos”.

La Ley de partidos de 2002 –impulsada por Aznar “para aplastar a la serpiente de una santa vez”– se aprobó con 302 votos: PP, PSOE, CiU, CC y el Partido Andalucist­a. Quedarse anclados en el contexto en el que se aprobó, cuando ETA asesinaba a

Es el juego de contrarios, que apunta al irresuelto debate entre legalidad y legitimida­d

La inmensa mayoría sigue consideran­do terrorista­s a esos candidatos y no se fían

diario, es extemporán­eo. De hecho, la ley prevé ilegalizar un partido cuando sirva para “fomentar, propiciar o legitimar la violencia” para conseguir objetivos políticos, supuestos que hoy no se dan por parte de Bildu. Aunque el asunto sigue ahí: que la inmensa mayoría de los ciudadanos sigue consideran­do terrorista­s a esos candidatos y no se fían de sus buenas intencione­s. Travestido, adaptado a las circunstan­cias, sobrevivie­ndo camuflado, como se quiera, pero Bildu no es hoy una formación política como lo fue HB, que preconizab­a la violencia etarra como herramient­a política. Y estas son las diferencia­s que legalmente sustentan el actual proyecto abertzale y la justicia ha dicho una vez más que no hay caso. Entre otras cosas porque ETA ya no existe y, en ese sentido, la ley de partidos no es aplicable.

A LA POLÍTICA

POR LA DERROTA

Es difícilmen­te creíble que la decisión de Bildu de descartar como concejales a los siete conde

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J. J. GUILLÉN / EFE El presidente del Gobierno interviene en el Congreso.

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