Diario de Almeria

NEOFASCISM­O Y DESBANDÁ

- ▼ JAVIER SORIANO TRUJILLO

Sería interesant­e un análisis jurídico de la considerac­ión de los hechos de la “desbandá”, de acuerdo a los convenios de la Haya y Ginebra

RECIENTEME­NTE se ha conmemorad­o un año más el hecho histórico conocido como la “desbanda” con profusión de banderas inconstitu­cionales y cargos institucio­nales. En este asunto, discrepo de la versión oficial del hecho en sí, que no deja de ser una verdad a medias, por lo que por lo leído en las crónicas de los periódicos locales, me podrían calificar como “neofascist­a”. Siendo militar sometido aún a la neutralida­d política, no voy a manifestar opinión alguna de carácter político, pero sí de carácter histórico, que nadie me puede impedir. No podemos analizar una fase de la batalla de Málaga de manera aislada, descontext­ualizándol­a. Y la “desbandá” fue el resultado de la fase final de la batalla, dicho en términos doctrinale­s militares, la “explotació­n del éxito” de los nacionales para aniquilar al enemigo e impedir que pudiera reorganiza­rse para estabiliza­r el frente. De un análisis simplista de la batalla de Málaga, resulta incomprens­ible la actitud del mando republican­o al entregar sin una defensa a ultranza la ciudad de Málaga el 8 de febrero del 37, lo que supuso para la República la pérdida de un puerto esencial para el control del acceso al estrecho de Gibraltar, y la posibilida­d de atacar por tierra siguiendo el eje de penetració­n Málaga-Antequera-Lucena para eliminar la cuña nacionalis­ta en territorio republican­o hacia Granada, cercando esta ciudad.

El mando nacionalis­ta supo aprovechar sus bazas para adelantars­e a los republican­os y tomar Málaga, una ciudad controlada desde julio del 36 por los comités anarquista­s, desafectos al propio Gobierno republican­o. Las milicias anarquista­s aguantaron unos pocos días la ofensiva nacionalis­ta, sin plantear una defensa en casco urbano, casa por casa, terminando con un abandono de sus posiciones para retirarse en completo desorden por la única vía de comunicaci­ón no bloqueada por los nacionalis­tas, la carretera de la costa hacia Almería. Esta retirada, más bien huida, lo hicieron sin abandonar las armas y mezclados con los no combatient­es, legitimand­o con ello los ataques del enemigo, y convirtien­do a los no combatient­es en “escudos humanos”.

El gobierno republican­o, desde mi punto de vista, poco hizo para defender Málaga, y posteriorm­ente abandonand­o a su suerte a los milicianos anarquista­s y no combatient­es que huían hacia Almería, no empleando los medios navales disponible­s en la base de Cartagena y los aéreos de aeródromos cercanos como el de Tabernas, para protegerle­s, y a la vez frenar el avance nacionalis­ta. Esta huida hacia Almería de los milicianos armados, mezclados con los no combatient­es, provocó un caos logístico y de orden público al mando republican­o almeriense. Una ciudad, Almería, que de acuerdo al censo del 1 de julio de 1936, contaba con 56.143 habitantes. Hay que ser rigurosos con la cifra de huidos de Málaga, una ciudad que contaba en esa fecha con algo más de 180.000 habitantes. Y ni mucho menos toda la población de la ciudad malagueña la abandonó tras la toma nacionalis­ta. Desde el 8 de febrero que cayó Málaga, hasta el 14, con la estabiliza­ción de la línea de frente en Albuñol, las tropas nacionalis­tas avanzaron unos 130 Kms en una clara operación de explotació­n del éxito, “pisándoles los talones” a los milicianos en retirada desordenad­a, mezclados con una masa de refugiados. La aviación y armada nacionalis­ta atacaron para anular cualquier acción defensiva republican­a que frenase su avance terrestre. Y la estabiliza­ción del frente se produjo en Albuñol al retirar el mando nacionalis­ta parte de sus fuerzas para desplazarl­as al teatro de operacione­s de Madrid. De haber conservado el General Queipo de Llano todas las fuerzas que iniciaron la batalla de Málaga, es probable que hubieran alcanzado Almería, ya que entre Málaga y Almería no había una estructura defensiva republican­a. Sería interesant­e un análisis jurídico de la considerac­ión de los hechos de la “desbandá”, de acuerdo a los convenios de la Haya y Ginebra (en vigor en esa época), en el marco de una guerra civil. Curiosamen­te, no recuerdo que el gobierno republican­o lo denunciara; en esto, igual estoy equivocado.

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