El grupo de expertos por la PAC solicita la retirada del decreto de transición
Niegan que Andalucía tenga privilegios en el actual modelo de la Política Agraria Común
El Grupo de Expertos Andaluces por la Política Agraria Común (PAC) mostró ayer su apoyo a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias andaluzas y pidió al Gobierno de España la retirada del Real Decreto que regula las ayuda directas en el periodo de transición 2021-22 por generar preocupación e incertidumbre económica en un momento crítico.
Durante una reunión por videoconferencia, “los profesionales que conforman este equipo de trabajo recordó que la Unión Europea está pidiendo el mantenimiento de la vida real en el campo, precisamente lo que ha logrado Andalucía en los últimos años y lo que ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está poniendo en peligro”, según informó la Consejería a través de un comunicado.
El secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, que presidió la cita, aseguró que los recortes anunciados por la Administración regional y por el propio sector “se han consumado por escrito” en este Real Decreto y lamentó que el Ministerio esté “enmascarando la pérdida de presupuesto que niega, faltando a la verdad”.
Los expertos coincidieron en exponer la necesidad de que el Gobierno ponga sobre la mesa el modelo que se va a implantar para estudiar el impacto en su conjunto y negaron de forma tajante que Andalucía tenga privilegios respecto a otros territorios.
Consideran que se trata de un ataque frontal a un modelo social como el andaluz y, principalmente, al regadío y al olivar.
Apelaron al fin de los mitos y tópicos que existen sobre la agricultura andaluza, pues los perceptores de la PAC cobran de media 5.000 euros, cuando la media de España se sitúa en 6.500 euros y hay comunidades en las que reciben hasta 10.000 euros de media. Igualmente, es obligatorio defender al agricultor pluriactivo dentro de la definición de agricultor genuino que debe recoger el Plan Estratégico Nacional para garantizar el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común.
En unos primeros estudios se calcula que la tasa plana que se pretende imponer podría suponer una pérdida de fondos de hasta el 37% en la comunidad andaluza, por lo que, claramente, el nuevo modelo que se aplicaría en 2023 compromete la vinculación al medio rural de las próximas generaciones.