Los británicos se topan con trabas para instalarse en la costa andaluza
● El ‘Brexit’ obliga a la acreditación de un alojamiento, de recursos económicos para su manutención y un seguro médico
Instalarse en España se convierte en una tarea ardua y complicada para los británicos después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, efectiva desde el pasado 31 de diciembre. La nueva situación provocada por el Brexit ha conducido a la desaparición de la mayoría de sus privilegios como ciudadanos comunitarios, tales como recibir atención sanitaria pública, trasladarse sin necesidad de contar con una oferta de trabajo o mudarse sin acreditar unos recursos económicos para mantenerse.
Esta es una cuestión en la que coinciden expertos en Extranjería y asociaciones de británicos como Brexpats in Spain, que aglutina a más de 20.000 ciudadanos del Reino Unido que viven en suelo español y que lleva “luchando” cuatro años para evitar la materialización del Brexit.
A pesar de que ya es un hecho, hay quienes todavía no han asimilado la situación, comenta a Efe el abogado de Marbella y especialista en Extranjería Ricardo Bocanegra, y muchos se muestran contrariados ante los trámites que ahora se ven obligados a llevar a cabo.
Acostumbrados a ser ciudadanos de la Unión Europea, estos ciudadanos han comenzado a sentirse “extranjeros en nuestro país” –apunta el letrado marbellí–, quien considera que el problema real no es para los que ya están aquí, sino para los que quieran venir a partir de ahora.
Desde el 1 de enero, aquellos británicos que estén pensando en instalarse en España deberán atenerse a lo establecido en el Régimen General de Extranjería, cuyas condiciones son “muy estrictas” –señala Bocanegra–, y se les exigirá lo mismo que a cualquier otro ciudadano no comunitario.
Eso significa que habrán de acreditar, entre otras cuestiones, que disponen de un alojamiento donde quedarse, recursos económicos para mantenerse si no trabajan y seguro médico que les brinde una cobertura sanitaria equivalente a la proporcionada por la propia Seguridad Social.
Su recién adquirido estatus de ciudadano no comunitario también afecta a cuestiones cotidianas como la conducción de vehículos, puesto que al no existir acuerdo de reconocimiento recíproco entre ambos países, los británicos que quieran manejar un automóvil deberán obtener un permiso de conducir válido en España, para lo que tendrán que efectuar las pruebas necesarias y aprobar un examen.
Ésta es una cuestión que genera gran malestar, sobre todo entre quienes ya viven aquí, puesto que antes no era necesaria ninguna gestión, mientras que desde el anuncio del Brexit y hasta finales de año el carné de conducir británico se podía canjear por el español, pero para los que se muden a partir de ahora ya no habrá más opción que examinarse, añade Ricardo Bocanegra.
Esta nueva situación –con exigencias difíciles de asumir– tampoco favorece a los jubilados británicos que deseen retirarse en España, un amplio porcentaje de los que hasta la fecha solía instalarse en zonas de Málaga o Almería. Los mayores cuentan con su pensión y muchos tienen también algunos ahorros.
Sin embargo, ahora han atender a los estrictos requisitos que establece la ley española, algunos difíciles de asumir, como contratar un seguro médico con unas coberturas que, por edad y patologías, les resulta “casi imposible” pagar.
Las normas son las mismas que para el resto de ciudadanos no comunitarios