El Obispado inmatriculó siete templos de la capital entre 1998 y 2015
Cádiz es la provincia de Andalucía con menos fincas registradas a nombre de la Iglesia Católica y la quinta en España
Las dudas posibles parecen haberse disipado, no sólo en Cádiz, sino en todo el país. Las inmatriculaciones de bienes en favor de la Iglesia Católica se hicieron conforme a la ley, viene a resolver el informe jurídico que el Gobierno estatal ha realizado a este respecto; un arduo trabajo que pone de relieve la escasa incidencia que en la capital gaditana y en toda la provincia ha tenido esta cuestión. De hecho, Cádiz es la provincia de Andalucía con menos inmatriculaciones, y la quinta de España: 51, en concreto, solo por delante de Álava (48), Vizcaya (31), Ciudad Real (25) y Guipúzcoa (que cierra el ranking nacional con 9 edificios). Cifra que no llega al 0,15% del total de 34.961 fincas registradas por la Iglesia en España.
Además, hay que tener en cuenta que esta cifra de 51 edificios es a nivel provincial, donde conviven dos diócesis distintas: la de Cádiz y Ceuta, que habría llevado a cabo 27 registros; y la de Jerez, que suma otros 17. El resto responden a acciones protagonizadas por hermandades, fundaciones, parroquias u órdenes religiosas.
De esos 51 edificios que la Iglesia Católica registró a su nombre en la provincia entre los años
1998 y 2015, solo 9 corresponden a la capital; y los nueve hacen referencia a iglesias. Entre ellas la propia Catedral, así como San Pablo (que en la documentación gubernamental aparece citado como Iglesia de la Conversión de San Pablo e Iglesia del Apóstol San Pablo, que pudiera ser realmente de Santiago que pasó a la diócesis tras la marcha de los jesuitas en el año 2007),
Santa Catalina, la parroquia del Rosario, la capilla del Pópulo y la capilla del Caminito. Las dos iglesias restantes, La Palma y Santo Domingo, fueron inmatriculadas en esos años pero no a nombre de la diócesis, sino de la cofradía de La Palma y de la orden de los dominicos, respectivamente.
Todos estos datos ahora conocidos responden a la polémica surgida respecto a las inmatriculaciones de propiedades de la Iglesia en el Registro, y de cómo se ha venido articulando durante en ese período entre 1998 y 2015; porque antes de esa fecha quedaban exceptuados de inscripción en el Registro de la Propiedad los bienes destinados al culto católico (algo “inconstitucional al excluir a la Iglesia de los beneficios de la inscripción en relación a sus templos”, concluye el informe firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales), y a partir del cambio de legislación de 1998 una de las vías posibles de registro permitidas era la simple certificación del diocesano (el obispo), lo que ha abierto la vía a determinadas polémicas sobre la legitima propiedad de determinados bienes.
No obstante, el informe presentado al Congreso el martes concluye “que las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 contaban con el necesario título material a su favor”, lo que da solidez a esa inscripción que en el caso de la provincia afecta a 52 fincas y en Cádiz capital a nueve iglesias.