El juicio con jurado por el caso Santa María será en septiembre
La vista está señalada para la última semana de ese mes en la Audiencia Provincial de Cádiz
El juicio con jurado por el caso Santa María tiene nueva fecha de celebración. La causa que pretende depurar responsabilidades en torno a la muerte de Juan Antonio Martínez, un hombre natural de Albacete que falleció el 4 de abril de 2015 frente a la iglesia del barrio Santa María de Cádiz tras ser reducido por cuatro agentes de la Policía Nacional a los que previamente atacó con un destornillador, se ha señalado para última semana de septiembre en la Audiencia Provincial de Cádiz.
La vista oral, prevista para noviembre de 2020, se suspendió con motivo del covid–19. El abogado de la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, solicitó posponer el juicio por encontrarse en una situación de especial riesgo ante el coronavirus. Esto unido a que no se había podido localizar a un testigo considerado “clave” en el caso, motivó que la presidenta del tribunal popular, la magistrada María Inmaculada Montesinos, decidiese aplazar el juicio que ahora ya tiene nueva fecha de celebración.
La sala de vistas donde tienen lugar habitualmente los jurados de la Audiencia de Cádiz ya cuenta con medidas anticovid para garantizar la seguridad y la salud de todas aquellas personas que participan, de una forma u otra, en estos juicios, donde la afluencia de público es mayor al contar con un tribunal popular.
En el conocido como caso Santa María, la familia del fallecido sostiene que los agentes se sobrepasaron durante su intervención y por eso los acusan de un delito de homicidio. De otro, los policías plantean que actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber de sus funciones, dos eximentes que los exonerarían de cualquier responsabilidad penal. La Fiscalía, por su parte, respalda la postura de los policías encausados.
La familia de Juan Antonio Martínez pide para cada uno de los agentes 15 años de prisión, la pena máxima por cuanto aprecia dos agravantes, el de abuso de superioridad y el de prevalimiento de su cargo, mientras que la acusación pública y las defensas solicitan la absolución de los procesados.