LA OPACIDAD DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
LA opacidad del Gobierno se ha puesto de manifiesto tras la publicación del dictamen del Consejo de Estado (CE) sobre el Real decreto 36 / 2020 de gestión de los fondos europeos. Las advertencias esenciales que el CE vierte, explican el deseo de Sánchez de mantener oculto el dictamen. Para el CE la modernización y flexibilización de la administración pública, necesaria para absorber y gestionar eficientemente los recursos, debe ir acompañada de un riguroso control, para evitar incumplimientos y corrupción. De aquí que la primera conclusión sea demoledora,“lo que más le preocupa al CE es la eliminación, modulación o reducción generalizadas de los mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa , los convenios o las subvenciones”. Riesgo que venimos anunciando algunos economistas desde hace meses. El decreto original y el dictamen del CE evidencian hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno en la utilización política de los fondos europeos. La concentración del poder de gestión en la Moncloa, unido a la eliminación o reducción de los controles y la ausencia de expertos independientes, es el mejor caldo de cultivo para una asignación ineficiente y corrupta de los fondos europeos. El dictamen advierte al Gobierno de la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Quizás esta sea la razón de que el Gobierno haya introducido en el texto definitivo algunas, no todas, las advertencias esenciales del CE.
La memoria es simple e insuficiente y no justifica, ni explica, las modificaciones que introduce desde el punto de vista de los controles que elimina. Tampoco explícíta su impacto normativo o presupuestario. Entre las advertencias esenciales más importantes: el decreto original eximia de las autorizaciones previas del Consejo de Ministros o del Ministerio de Hacienda ,así como de los informes preceptivos. Esta advertencia ha sido parcialmente incorporada en el decreto definitivo. Se podrán iniciar los procesos y trámites sin el informe preceptivo del órgano competente, qué se incorporará al final, previo a la aprobación definitiva. La modificación es legal pero reduce sustancialmente la información y la capacidad de supervisión
La advertencia más importante es la referida a la fiscalización previa, necesaria en las políticas de gasto, que según la Ley General Presupuestaria es de aplicación a todos los fondos públicos. El decreto original eximía de la fiscalización previa de las partidas de gasto de fondos europeos. Pero quienes hacen la ley hacen la trampa. En el texto definitivo no se elimina la necesidad de fiscalización previa, pero si se minimiza a la exigencia de los requisitos básicos, con una mínima aportación de información. Esta medida agiliza la tramitación pero reduce drásticamente la capacidad de control en temas muy sensibles como la contratación pública, los convenios o las subvenciones. Más grave es que el Gobierno ignore las recomendaciones del CE en el apartado de subvenciones, olvidando las advertencias del Tribunal de Cuentas. El deficiente control de las subvenciones se agrava si además la utilización de fondos no precisa de la autorización del Consejo de Ministros o del Ministerio de Hacienda, “siempre que haya razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que dificulten su convocatoria pública”. La asignación “a dedo” está servida.