El TSJA ve inviable el asesoramiento a la Junta tras el estado de alarma
Juanma Moreno sólo se plantea pedir la excepcionalidad constitucional para Andalucía si los contagios fueran "alarmantes"
No hay lugar a la reunión que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, iba a mantener con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para que aconsejase al Gobierno andaluz cómo legislar cuando el 9 de mayo acabe el estado de alarma a nivel nacional. “Por prudencia institucional y obligación judicial” esta reunión no se va a producir, anunció ayer Del Río en Granada, y es que los tribunales no son los encargados en el sistema político español de emitir informes previos o consejos ante resoluciones administrativas e iniciativas legales.
Lo que declaró Lorenzo Del Río es de primero de Derecho, como ya había advertido el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, con una alusión a Montesquieu, pero Juan Marín –titular de Justicia de la Junta– había anunciado una reunión de él, el consejero de Presidencia y el de Salud con el presidente del TSJA para que les explicase cómo se debían argumentar los decretos para que no fuesen rechazados por los jueces.
“No puedo participar en gestionar algo que se va a revisar judicialmente, estaría interfiriendo en la labor de los compañeros”, expresó Lorenzo del Río, que es presidente del TSJA, pero no jefe jerárquico de los jueces que vayan a pronunciarse ante posibles recursos contra normas dictadas por la Junta. De hecho, el propio TSJA ya explicó el verano pasado, cuando decayó el primer estado de alarma, que no emitía informes del tipo que le reclamaba el Gobierno andaluz.
De este modo, el Gobierno andaluz, como el resto de Ejecutivos autonómicos, se encuentra sin recursos legales para limitar los derechos fundamentales una vez que acabe esta excepcionalidad. Esto es lo que ha provocado la queja del presidente de la Junta, Juanma Moreno. No ante el TSJA, sino ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Los presidentes autonómicos del País Vasco y de las dos Castillas han solicitado que el estado de alarma se prorrogue de uno a dos meses más.
Sin estado de alarma, la Junta no puede imponer un toque de queda ni cerrar municipios ni limitar el derecho de reunión. Puede legislar, como hizo en verano, pero con límites muy serios. Por ejemplo, el cierre perimetral podría implantarse a determinados distritos sanitarios, pero no en municipios, con una argumentación muy fundamentada. De hecho, eso fue lo que pasó el verano pasado, cuando los recursos ante el TSJA no lograron salir adelante como, por ejemplo, sí ocurrió en el País Vasco.
La base legal con la que la Junta cuenta desde el 9 de mayo es la que se deriva de la Ley General de Sanidad de 1986 y de los acuerdos del Consejo Interterritorial, que son de obligado cumplimiento, pero sus decretos no pueden afectar a principios constitucionales.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí tiene la capacidad para solicitar la declaración del estado de alarma en su territorio, pero tendría que ser aprobado por el Congreso. En declaraciones a los periodistas, Moreno explicó en el Parlamento andaluz que sólo lo haría en caso de que el contagio fuese “alarmante”. Lo que se espera es que la cuarta ola siga bajando, aunque de un modo muy lento, mientras que aumenta la población inmunizada por vacunas.
Moreno consideró “imperdonable” que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una “alternativa normativa o jurídica” que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas. Lamentó esta situación
El perimetraje sólo podrá afectar a distritos sanitarios y no habrá límites horarios
y apuntó que habrá que esperar a ver qué quiere hacer el Gobierno central. En cualquier caso, insistió en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar de manera urgente una Conferencia de Presidentes para que se pudiera debatir sobre todos estos asuntos.
Advirtió de que si el Gobierno central decide no hacer “nada”, la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar el Covid. Pero el presidente reclacó que ahora “lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno central, porque la pandemia no entiende de territorios”.