El Consejo Fiscal informa a favor de la ley de Memoria Democrática
El Consejo Fiscal informó ayer a favor del anteproyecto de ley de Memoria Democrática que le remitió el Consejo de Ministros, aunque lo hizo dividido porque casi la mitad de sus miembros se oponía al mismo, según fuentes fiscales.
El informe salió adelante con los cuatro votos de los vocales representantes de la Unión Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general, Dolores Delgado, y con los cinco en contra de los vocales de la Asociación de Fiscales.
Los que la apoyaron sostienen que el informe es asumible por todos y da respuesta a los aspectos jurídicos de la norma, de modo que, para tratar de encontrar un consenso mayor, han renunciado a pedir mejoras en un proyecto legal que creen que “se queda corto”. Es “un paso en el camino de la verdad, justicia y reparación”, pero echan de menos que en la ley no se tuviera en cuenta a las víctimas de la represión de género ni se contemplara
El informe prospera entre la división pues casi la mitad de sus miembros se oponían
el acceso a archivos privados (de la Iglesia y de la Fundación Francisco Franco).
Por el contrario, los vocales conservadores consideran que “la redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal” con la creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo “absolutamente innecesaria”.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales destaca que “las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica” pero que “los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal” ya que “las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial”. Ahora bien, asociaciones y familiares “tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, al lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento”, por lo que el Estado “debe poner todos los recursos necesarios” para ello.