Un cisma en los profesores de FP
● Los docentes de ciclos formativos sin licenciatura se convertirán en un cuerpo a extinguir ● Existen 11 especialidades que no se imparten en la universidad
“No se trata de empezar una guerra contra los licenciados, sino de evitar un agravio comparativo que perjudica a la FP”. Quien así se expresa es Diego Bueno, profesor de Mecanizados en el IES El Arenal, de Dos Hermanas. Es uno de los docentes afectados por la disposición adicional 11 de la ley Celaá (la Lomloe), que le obliga a quedarse en “un cuerpo a extinguir”, al no poseer titulación universitaria, pese a llevar 15 años formando a jóvenes en dicha especialidad y convertirse en un referente de esta enseñanza.
La reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tanta polémica ha generado, entraña también un importante cambio en esta etapa posobligatoria. El de mayor repercusión y que ha encontrado la disconformidad de la mayoría de las comunidades autónomas (incluida Andalucía) ha sido el que concierne al cuerpo de profesores técnicos de FP, es decir, los docentes que imparten clase en los ciclos formativos sin poseer un título universitario. Según datos oficiales, este colectivo lo conforman en Andalucía casi 2.000 profesionales, que pasarán a formar parte del cuerpo 591, considerado por la ley Celaá
como “a extinguir”, mientras que sus compañeros que cuentan con un grado, licenciatura o máster, entrarán en el cuerpo 590, el del profesorado de Secundaria, con la diferencia salarial que conlleva.
La última novedad al respecto ha sido la moratoria que estableció en febrero el Ministerio de Educación para que quienes se encuentren sin titulación puedan ocupar plaza en los ciclos formativos a través de las oposiciones que convoquen las comunidades autónomas los próximos tres años. Sin embargo, como indican fuentes de la Consejería
de Educación, esta medida lo único que consigue es “alargar” el problema en el tiempo.
“No se trata ya de la diferencia retributiva, que, en el peor de los casos, no superará los 150 euros al mes, sino la valoración profesional, al considerarnos a nosotros de segunda”, explica José Carlos Garallo, profesor de automoción en el IES Virgen de Consolación, de Utrera. Garallo es interino, no tiene plaza fija y lamenta que, habiendo entrado hace tres años como docente de FP con unas condiciones, ahora le cambien “las reglas del juego”.
Más allá del cambio de calificación profesional entre estos empleados públicos, uno de los problemas que acarrea la disposición adicional es la falta de correspondencia entre una titulación universitaria y ciertas especialidades de la FP. Esta carencia se constata en 11 ciclos formativos: Cocina y Pastelería, Servicios de Restauración, Estética, Peluquería, Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje, Confección, Producción en Artes Gráficas y Soldadura. En todas ellas, hasta ahora, los candidatos a las oposiciones las habían aprobado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, independientemente de si su titulación fue universitaria o habilitante.
En el caso de los profesores técnicos que no habían pasado por la universidad, los avala la experiencia profesional acumulada durante años en empresas y talleres, al margen de los cursos obligatorios sobre formación académica que debían realizar para ocupar la plaza docente. “Nosotros tenemos una experiencia de la calle que resulta fundamental para impartir esta enseñanza”, refiere Manuel Flores, profesor de Soldadura en una FP Básica que se oferta en el IES el Arenal, de Dos Hermanas,
y por la que fue reconocido en 2020 con el premio Abanca (considerado los Goyas de la Educación) como el mejor docente de Formación Profesional en España.
Para la especialidad que imparte Flores, por ejemplo, lo más parecido que puede encontrarse en la enseñanza superior es un ingeniero técnico industrial, aunque esta labor sólo la haya visto por power point. Bueno, al respecto, indica que la plaza que actualmente ocupa en este instituto nazareno la logró después de que dos profesores universitarios la rechazaran al darse cuenta de que no estaban preparados para enseñar sobre Mecanizados y Mantenimiento de Máquinas. “Nunca habían estado en un taller”. Este docente estudia ahora Pedagogía en la Universidad de Sevilla, una rama del conocimiento que ha despertado su interés tras años de enseñanza y para la que ha asistido a numerosos cursos.
Los tres profesores coinciden en señalar que tras el cambio de la ley Celaá existe “un claro interés” por fomentar la FP Dual, donde los alumnos pasan la mayor parte del curso realizando prácticas en empresas que llegan a un acuerdo de colaboración con la Administración, en este caso, las consejerías de Educación de cada comunidad autónoma. “Nuestro trabajo lo realizarán los formadores que están en las empresas”, advierte Diego Bueno, que incide en que estos empleados “no tienen ningún conocimiento sobre Pedagogía, no han pasado por unas oposiciones y les paga una empresa, lo que supone un ahorro en cuanto a dotación por parte de las consejerías”.
“Es tener una cantera gratis de trabajadores, con la que las empresas logran un ahorro en cursos de formación”, señala José Carlos Garallo, que también pone en duda el papel que juega la FP Dual en la formación de los jóvenes. “En una empresa van a estar condicionados por el tipo de producto que allí se fabrica, o si es un taller, como es mi caso, de los trabajos en los que estén especializados, mientras que en la FP convencional de los institutos a los alumnos se les enseña un abanico mucho más amplio de especialidades, sin estar condicionados por otros intereses”, incide.
En este punto, Manuel Flores recuerda que la FP Dual toma como patrón el modelo desarrollado hace décadas en Alemania, cuyo tejido industrial difiere bastante del español y del sevillano. “No tiene nada que ver”, señala Bueno, quien estuvo varios años trabajando en tierras germanas. “Allí hay grandes compañías, con espacios reservados para formación y prácticas de alumnos. Aquí, sin embargo, el tejido empresarial lo dominan las pymes y los autónomos, que no tienen esa capacidad”, insiste este profesor.
¿Y cuál es la postura de la
Consejería de Educación en este asunto? Fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda aseguran que el cambio que introduce la Lomloe respecto al profesorado de FP “no se habló ni con las comunidades autónomas ni con los sindicatos”, lo cual ha provocado un verdadero problema para las consejerías de Educación que se tienen que enfrentar a tres presiones. Por un lado, la de los titulados universitarios que quieren formar parte del grupo A1, como contempla la ley estatal; por otro, la de los que carecen de licenciatura o grado, que consideran un agravio el cambio; y en tercer lugar, la de los interinos.
Por tal motivo, en la última comisión de personal de mediados de abril y a la que asistieron los directores generales de Recursos Humanos de las consejerías, todas las comunidades se sumaron a la propuesta de Andalucía para que se constituya un grupo de trabajo y en él se lleve a cabo un estudio “serio” de lo que va a ocurrir con este cuerpo docente y la solución que se le puede dar. Debe recordarse que Imbroda ya apostó, antes de que se conociera este cambio, por la equiparación salarial de los profesores de FP con los de la ESO.
Tras el cambio de la ley Celaá podría estar la apuesta por fomentar la FP Dual
Andalucía ha pedido que se cree un grupo de trabajo para abordar este problema