Hacienda aplazará la subida de impuestos si se retrasa la recuperación
● Las reformas previstas no se aplicarían en 2023 si el PIB no vuelve a niveles precrisis previamente ● Si se cambia el calendario, se negociará también con la Comisión Europea
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó ayer que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia, aunque no ve probable que esto pueda suceder.
“La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica”, afirmó la ministra en rueda de prensa para presentar los componentes sobre fiscalidad, lucha contra el fraude fiscal y eficacia del gasto público incluidos en el citado plan.
Según explicó Montero, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal de cara al año 2023, sino que hay un objetivo de reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la Eurozona. “No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos”, remarcó la titular de Hacienda.
Tampoco se han comprometido con Bruselas ni a eliminar la bonificación del diésel ni los tipos reducidos del IVA, según aclaró Montero, que se refirió en todo momento a las recomendaciones que el Comité de Expertos realice.
La previsión del Ejecutivo es que se recuperarán las cifras de PIB prepandemia a finales del año 2022, por lo que las medidas fiscales contempladas se prevén para 2023, a pesar de que coincida con la celebración de elecciones generales.
“Todo está en función de las previsiones de cifras de crecimiento”, dijo antes de agregar: “Si no llegamos a las cifras de recuperación, todo el calendario se movilizará”. También incidió la ministra en que si se cambia el “cronograma”, igualmente se acordará con la Comisión, por lo que no cree que se puedan poner en entredicho la recepción de los fondos si hay algún retraso de alguna reforma.
Del mismo modo, Montero avanzó que determinadas medidas podrían abordarse en 2022, año en el que el comité de expertos para la reforma fiscal debe tener sus conclusiones y si así lo aconseja dicho comité. No obstante, aclaró que esto no debe suponer per se una subida de alguna figura tributaria, sino también puede implicar “algún incentivo fiscal o disminuir tipos”.
En su opinión, España no puede acudir a la Unión Europea a exigir que ponga un volumen considerable de recursos –140.000 millones– sin que el país acometa “reformas imprescindible” para acercarse a la media europea de presión fiscal y recaudación.
España ingresa casi ocho puntos menos del PIB que la media europea, con una presión fiscal del 38,7% del PIB, frente al 46,4% de la media de la zona euro. La idea del Gobierno es ir cerrando esta brecha paulatinamente y sin comprometer el crecimiento económico, pero Montero descartó que España pueda cerrar en el periodo comprendido en el Plan de Recuperación 2021-2026 este “gap diferencial” con Europa.
La ministra volvió a recalcar, sobre una posible subida del IRPF, que “en ningún caso” se van a subir impuestos a la clase media o trabajadora, sino que se abordará la progresividad del mismo. “Entendemos que la clase media proporcionalmente paga más impuestos respecto a patrimonios más altos”, emfatizó la ministra.
No obstante, sí admitió que en lo que respecta a algunos impuestos, como los referidos a fiscalidad verde o a la salud (en el caso del impuesto a bebidas azucaradas), sí que afecta a la clase media y trabajadora aunque no persigan un afán recaudatorio.
Del mismo modo, la ministra opina que en el caso del Impuesto de Sociedades, las multinacionales y los grandes grupos empresariales pagan proporcionalmente menos que las pymes, e incluso en algunos casos se aplican créditos fiscales que hacen desaparecer prácticamente su tributación. “Ésta es una situación regresiva e injusta y hay que corregirla”, insistió.
Por ello, España espera que se pueda llegar en los próximos meses a un acuerdo sobre fiscalidad
La ministra Montero insiste en que no se subirá el IRPF “a la clase trabajadora”
en el marco de la OCDE que aborde el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, animado por la voluntad de la nueva Administración Biden y tras el “boicot” de Donald Trump.
La ministra instó a que en este momento político se debe “huir” del “ruido” asociado a la fiscalidad y criticó que aquellos que abanderan el eslogan de “bajada de impuestos” se enmarcan en un modelo en el que el estado de bienestar es “prácticamente inexistente” y en el que no se quieren combatir las desigualdades.