El juez eleva a la Audiencia la causa por las facturas falsas de UGT-A
● Anticorrupción reclama siete años de prisión para la antigua cúpula del sindicato por fraude de subvenciones y falsedad
La instrucción del caso de las facturas falsas de la UGT-A está finalizada y lista para su enjuiciamiento. El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia de Sevilla para la celebración del juicio la causa abierta al ex secretario general del sindicato Francisco Fernández y otras 14 personas acusadas de delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
En una providencia dictada el día 12 de mayo, el juez instructor ha señalado que “habiendo finalizado el plazo concedido a las partes para presentación de escritos de defensa y estando conclusa la fase intermedia” ha remitido el caso y las piezas separadas correspondientes. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para Fernández y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.
Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.
Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordara por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En este último auto, el juez concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”. El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia
La Fiscalía pide una multa de 50 millones para el ex líder de UGT Francisco Fernández
de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado”.
Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.