Sin indemnización pública por la demolición de El Algarrobico
Una nueva providencia de la Audiencia Nacional recuerda que las administraciones no tendrán que pagar a la empresa promotora
La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar el pago de una indemnización por parte de las administraciones públicas a la promotora del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que tendrá que ser demolido por haber sido erigido sobre suelo no urbanizable de particular protección. Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya rechazó en febrero que el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras tuviesen que indemnizar a la empresa promotora del hotel.
Tal novedad fue anunciada ayer por el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y portavoz además de la Junta, Elías Bendodo, quien celebró la nueva decisión de la Audiencia Nacional, ratificándose en lo anterior.
La sentencia desestimó en primera instancia la pretensión de Azata del Sol, que demandó a las tres administraciones el pago conjunto y solidario de una indemnización de más de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de la situación jurídica del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, cuya obra fue paralizada por orden judicial en 2005, cuando estaba al 94% de su ejecución.
La cifra incluía un 5% por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa, de acuerdo no sólo al valor del suelo y del hotel sino también teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil. La sala consideró en la resolución que no habían quedado acreditado que los daños económicos originados a la empresa sean imputables a la Administración.
En relación a las decisiones judiciales vinculadas a la demolición del hotel, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo (TS) ordenó al Gobierno, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras que le informen mensualmente sobre las actuaciones que están llevando a cabo para hacer cumplir las sentencias que apuntan la ilegalidad del hotel de Azata y que derivan en su demolición.
El Alto Tribunal reclamó entonces mediante providencia a las tres administraciones públicas que le remitan “un informe mensual expresivo de las actuaciones de toda índole” que desarrollen para “llevar a justo y debido término” la sentencia de febrero de 2016 que declaró que el sector urbanístico sobre el que se levanta la edificación es un área medioambientalmente protegida del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y, por tanto, no urbanizable.
En una providencia, la sala tercera dio respuesta a un escrito que presentó el colectivo ecologista Greenpeace en el que le instaba a intervenir ante el “desinterés” de las administraciones afectadas –Gobierno, Junta y Ayuntamiento
de Carboneras– por “obedecer” todas las “resoluciones judiciales” en torno al hotel.
Aludió asimismo el Tribunal Supremo a otras sentencias dictadas por la misma sala, también en torno a la legalidad del inmueble, y preguntó por la adaptación de la servidumbre de protección de 100 metros que fija la Ley de Costas y que vulneraba la construcción.
Pocos días después de la difusión de esta providencia dictada por el Tribunal Supremo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció su disposición de abordar la demolición del hotel “con toda celeridad”, una vez la Junta de Andalucía disponga de los terrenos sobre los que se construyó. Tras la quinta reunión de la Comisión mixta de seguimiento del Protocolo General de Colaboración firmado entre Estado y Junta de Andalucía para la recuperación de la playa, el departamento dirigido por Teresa Ribera traslado su “compromiso” a financiar el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bendodo valoró el segundo fallo de la Audiencia Nacional e informó de que “la demolición del hotel es un compromiso del presidente de la Junta” y que será “efectivo cuando tengamos todas las garantías jurídicas”, dijo antes de insistir en el que el nuevo fallo “es una paso más para llegar a ese objetivo de este gobierno”, recogió ayer Europa Press.
La obra del complejo hotelero fue paralizada en 2005 a falta del 6% de la ejecución