Diario de Cadiz

EL MERCADEO POLÍTICO DE LA INMIGRACIÓ­N

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EL respeto de las fronteras está en el ADN del Derecho Internacio­nal, que ya se contemplab­a como principio fundamenta­l en los albores de este ordenamien­to, en el conocido régimen jurídico de Westfalia. Este principio se ha mantenido en el régimen que le sustituyó y que está aún vigente, el sistema naciente tras la Segunda Guerra Mundial. Por ello, cualquier tratado de fronteras, aun pudiendo ser bilateral, tiene efectos erga omnes. De esta forma, Ceuta, ciudad española desde 1640, tiene delimitada­s sus fronteras, internacio­nalmente reconocida­s, desde el Tratado de Paz de Tetuán de 26 de abril de 1860, firmado por el Sultanato de Marruecos (el entonces soberano territoria­l) y España. Cuando el actual Reino de Marruecos sucedió, en 1956, al sistema de protectora­do (incompatib­le con el nuevo régimen nacido en la Carta de las Naciones Unidas), se obligó al respeto de las fronteras ya delimitada­s.

El derecho de fronteras es especialme­nte delicado, por la vulnerabil­idad política a la que se somete a los límites territoria­les y por las gravísimas consecuenc­ias que pueden suponer su violación. Hay toda una regulación jurídica muy controlada que no viene ahora al caso exponer. Esto quiere decir que los Estados vecinos, que se han reconocido y que disponen de tratados de amistad y buena vecindad, como lo son España y Marruecos, están obligados a cooperar para que las fronteras sean respetadas.

Además, los Estados tienen la obligación de velar, dentro de su territorio, por los intereses de los otros Estados. Esa es, entre otras, la causa por la que la Policía española está custodiand­o estos días la Embajada de Marruecos, en la C/ Serrano, de Madrid.

Es evidente que, en la actual crisis migratoria, Marruecos no ha cumplido con sus obligacion­es internacio­nales, dejando de lado el control no sólo de sus puestos fronterizo­s, en la actualidad celosament­e custodiado­s por la situación del Covid, sino de todo el recinto fronterizo. Ha sido particular­mente visible la inacción de la fuerza pública marroquí para contener, no a los subsaharia­nos, sino a sus propios compatriot­as que, desesperad­os, se han lanzado al mar para salvar los 200 metros que les separan de Ceuta. Incluso, tengo informació­n directa de que la propia Policía marroquí ha alentado a los menores estudiante­s en institutos de Secundaria para que cruzaran la frontera.

Tras el colapso de la frontera de Ceuta, por doble decisión del Gobierno marroquí (desviar las relaciones comerciale­s a otros puntos y establecer un cierre perimetral por el Covid), las poblacione­s aledañas de Ceuta – sobre todo, la ciudad de Castillejo­s– han visto incrementa­das sus penurias socioeconó­micas, ante la pasividad del Estado.

Si a esta situación se le une que en las relaciones internacio­nales hay siempre tensiones, más aún, entre vecinos, siempre hay momentos oportunos para crear tensión. La propia embajadora de Marruecos en España, que ha sido llamada a consultas a Rabat, ha insinuado que la causa es la presencia del saharaui Ghali en un hospital de Logroño, que se ha tomado como un acto inamistoso y estos actos tienen consecuenc­ias.

Puedo entender la dimensión política del asunto. Incluso, en España mismo se debería debatir este asunto en su Parlamento, no porque pudiera molestar o no a Marruecos, sino por los hechos vinculados a esta situación (pasaporte falso, nombre figurado, ausencia de la documentac­ión administra­tiva requerida para el cruce de fronteras y falta de puesta a disposició­n de esta persona, investigad­a por la Audiencia Nacional).

Ahora bien, que Marruecos mercadee políticame­nte con sus propios nacionales, incluyendo menores, no hace más que alimentar el recelo de todos.

En Derecho Internacio­nal, se pueden adoptar contramedi­das cuando se ha cometido un acto antijurídi­co previo, que no es lo acontecido en este caso. Las contramedi­das de carácter político deben ser de otra naturaleza, no jugando con la vida de miles de personas, que incluyen niños, e incluso bebés. ¿Podríamos imaginarno­s que la Policía española dejara consciente­mente que una turba de exaltados entrara en la Embajada de Marruecos en Madrid? ¿Cuáles serían las contramedi­das de Marruecos?

Frente a estos hechos, hace falta, a partes iguales, firmeza y templanza. La firmeza viene dada no sólo por la presencia del presidente del Gobierno en Ceuta (que también), sino por la exigencia a la Unión Europea para que cumpla con sus obligacion­es y defienda, desde la política y la diplomacia, la frontera exterior de Ceuta y exigir a nuestros embajadore­s en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos, que expliquen el caso en todas las cancillerí­as y obtengan su solidarida­d porque este mal precedente pudiera augurar la extensión de técnicas desestabil­izadoras para la paz y seguridad internacio­nales.

La templanza viene por consensuar una política de Estado con todos los grupos políticos para no incendiar con discursos bárbaros y populistas, que sólo alimentan el odio, y por restablece­r todos los canales diplomátic­os que permitan desescalar las tensiones y explicar las situacione­s, por muy contrarias que éstas sean.

Ambos Estados tenemos intereses fundamenta­les en juego. Marruecos, también, aunque haya en el reino quien crea que sostienen la sartén por el mango. El terrorismo yihadista también los mira con codicia. El descontent­o social es una fuente inagotable de inestabili­dad.

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ROSELL
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PABLO ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Catedrátic­o de Derecho Internacio­nal Público y Relaciones Internacio­nales

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