UN DEBATE MUNICIPALISTA SERIO
TAN serio como lo merece una reflexión y una propuesta de articulación territorial del poder en España y en Andalucía, que conjugue la mejor fórmula de prestación de servicios a la ciudadanía, ahora que estos servicios han de prestarse eficazmente y ha de asegurarse que los mismos lleguen a toda la población que los requiera, y que, a la vez, sea capaz de responder a las aspiraciones del nivel local de alcanzar importantes cotas competenciales en un contexto que aspira a una configuración federal o federalizante de nuestra realidad autonómica.
Y que por supuesto sepa reconocer los avances producidos y parta de ellos para desarrollar las medidas legislativas adecuadas y los consensos institucionales necesarios para abordar cualquier tarea de reconfiguración del reparto territorial del poder, que es de lo que se trata. Como decía antes, los esfuerzos han de ir dirigidos a garantizar la mejor y más cercana prestación de los servicios públicos, pues la gente, al final, vive y trabaja en un municipio.
La complejidad del debate territorial (y la preeminencia que el asunto catalán tiene en el mismo) no debe impedir que observemos que en dicho debate sobrevuela una necesidad y un anhelo de justicia territorial, de reconexión política y también emocional de “las Españas”. De sus realidades autonómicas, pero también de éstas hacia sus realidades locales. Y por supuesto, de reconexión de la España urbana y la rural, de la España llena y la vaciada. Una necesidad, en definitiva, de poner fin a los desgarros territoriales existentes.
En este punto, es donde se debe reivindicar, y también recuperar, la capacidad del PSOE, como fuerza de gobierno, para garantizar con firmeza la composición de un nuevo puzle competencial y financiero a cuatro bandas: Europa, España, comunidad autónoma, entidades locales, tanto en sentido ascendente como descendente. El papel fundamental lo tendría el nivel estatal, que se “descargaría” de competencias hacia el nivel europeo y hacia el nivel regional. Y éste, a su vez, redistribuiría las competencias recibidas en las entidades locales. Igual recorrido para los recursos económicos. No es fácil, pero es necesario para construir un municipalismo fuerte de verdad.
Un municipalismo que ahora es eje de la cogobernanza, para la compleja gestión de los fondos europeos, pero que ha de ser el eje siempre. Y así ha de comprenderlo y asumirlo el nivel autonómico, no siempre dispuesto a descentralizar competencias y recursos, y muchas veces más proclive a reivindicar del nivel estatal, pero negando similar trato al nivel local. Asumir esa evidencia quizá sea el primer paso para avanzar en esa propuesta municipalista seria, que supere declaraciones rimbombantes, a veces, carentes de contenido real.
Como también considero que son pasos importantes, el señalar un par de aspectos (por razones evidentes de espacio no puedo dar cabida a más) de la actual regulación de los entes locales andaluces que pueden ser modificados, justamente para acercarnos a los objetivos globales que he planteado en estas reflexiones. El primero, lógicamente, sobre la financiación local. Ha de tenderse hacia la incondicionalidad de la misma. Sin rechazar de plano la existencia de fondos de nivelación y de programas de colaboración, la regla debe ser la incondicionalidad de la financiación, y el convenio entre la Administración autonómica y la local, el instrumento que articule la traslación de recursos.
Junto a lo anterior, una mayor capacidad de los entes locales para incidir en las leyes autonómicas que les afecten, hasta el punto de poder rechazarlas.
El consejo de gobiernos locales, existente en Andalucía, además de funciones de coordinación, ha de ascender un peldaño y dotarse de capacidades decisorias.
Cuestiones que afectan al núcleo esencial del reparto territorial del poder y que, por ello, demandan firmeza y convicción. Como todos los debates serios, muchos de los cuales abordaremos en el periodo ya congresual en el que está inmerso el PSOE.
Los esfuerzos han de ir dirigidos a garantizar la mejor y más cercana prestación de los servicios públicos, pues la gente, al final, vive y trabaja en un municipio