La fiscal del caso Nazarí rechaza devolver el dinero requisado al empresario
Ante la reclamación del investigado, el Ministerio público recuerda que hay abogados de oficio
La fiscal encargada del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal en Granada, se ha vuelto a pronunciar sobre la reiterada petición del empresario investigado Roberto García Arrabal para que se libere el dinero que la Policía encontró en su domicilio particular y en una caja de seguridad. Esta vez, dado que el imputado aludía a los elevados honorarios de su equipo de letrados, el Ministerio Fiscal le recuerda que si no tiene medios puede solicitar la justicia gratuita. Es decir, una abogado de oficio.
Tras más de cinco años transcurridos desde el caso Nazarí, el empresario investigado en la pieza más importante de este caso, representante de las empresas García Arrabal, mantiene intervenidos alrededor de 100.000 euros en metálico que la Policía (UDEF) encontró durante los registros de aquel 13 de abril de 2016.
Aunque el abogado del investigado ha reclamado en muchas ocasiones la devolución del dinero (llegó a pedir una asignación mensual de 2.500 euros), desde finales del año pasado, García Arrabal solicita otra vez los fondos intervenidos: 71.300 euros de su caja de seguridad en el banco, 15.940 euros de su vivienda familiar y 10.315 del despacho de la antigua sede de su empresa.
De forma subsidiaria, Arrabal pide que “se liberen bienes suficientes con el fin de atender los pagos de los profesionales que vienen manteniendo la defensa del Sr. García Arrabal, considerando esta parte prudente la cantidad de 60.000 euros”.
Ante el nuevo rechazo de la jueza de instrucción, García Arrabal ha presentado recurso de apelación. La fiscal se ha pronunciado al respecto con un informe en el que niega que se esté vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto los hechos por los que se le investiga están detallados en su propia querella y en los informes de la UDEF.
Sobre la necesidad económica para pagar a los letrados, la fiscal
García Arrabal sostiene que el dinero es de su mujer y ha presentado un recurso
sostiene que los gastos de defensa “no pueden anteponerse en modo alguno al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito”. Si su situación es de falta de medios, el Ministerio Fiscal sugiere al empresario que solicite la asistencia jurídica gratuita.
La acusación pública recuerda en su informe que su obligación es el aseguramiento de las cantidades que se puedan derivar de una posible responsabilidad civil por los delitos investigados y que además se han pedido informes recientemente para valorar los posibles daños económicos.
Respecto a las peticiones de devolución del dinero efectivo retenido, tanto las de García Arrabal como otros intentos similares de otro de los empresarios investigados en el caso Nazarí, José Julián Romero (que reclamó el dinero encontrado en la caja de fuerte de su dormitorio), la magistrada ha rechazado todas las iniciativas. Los dos promotores han coincidido de forma sistemática en alegar que el dinero hallado por la Policía en sus domicilios, y en este caso en su caja de seguridad, es en realidad de sus respectivas esposas, que nada tienen que ver en el caso judicial, además de asegurar la limpia procedencia del contante.