Diario de Cadiz

UN IMPUESTO GLOBAL QUE CAMBIARÁ EL MUNDO

- FERNANDO FACES

EL probable acuerdo de un impuesto mínimo global a las empresas es un hecho histórico que puede cambiar el mundo. La OCDE lleva años trabajando en el proyecto BEPS para armonizar internacio­nalmente el impuesto de sociedades. La UE lleva 50 años intentando conseguir la armonizaci­ón de la fiscalidad de las empresas, sin conseguirl­o. ¿Qué ha sucedido para que esta misión imposible ahora sea alcanzable? Simplement­e que a Estados Unidos ahora le interesa. El Covid-19 ha sido el factor desencaden­ante. El inmenso incremento del gasto público provocado por la crisis y la gran caída de los ingresos ha catapultad­o la deuda pública. El espectacul­ar plan de gasto público del presidente Joe Biden va a impulsar el déficit público e incrementa­r la deuda pública a niveles no conocidos desde la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos necesita aumentar sus ingresos tributario­s y ampliar sus bases imponibles y no puede consentir que la tributació­n de sus empresas multinacio­nales se desplace a otros países por su menor fiscalidad. Biden pretende aumentar el impuesto de sociedades del 21% al 28%. Subida que quiere complement­ar con un acuerdo internacio­nal de un impuesto mínimo global del 21% que elimine los incentivos de las empresas americanas a la deslocaliz­ación de sus sedes a otros países de menor fiscalidad.

La secretaria del tesoro Janet Yellen se ha dirigido a la OCDE y a los países del G-20 con la propuesta de un impuesto mínimo global a las empresas multinacio­nales. La última propuesta del 15% de impuesto mínimo ha sido recibida con entusiasmo por gran parte de los países avanzados. Los ministros de Finanzas del G-7 están trabajando con el objetivo de llegar a un preacuerdo en la reunión del 11 de junio en Cornualles, y del G20 en el mes de julio. La definitiva aprobación de la OCDE será a final de año. Habrá debate, dentro de la UE hay una gran dispersión en el impuesto de sociedades: Hungría (9%), Irlanda (12,5%), Francia (32%) .

Será uno de los acuerdos fiscales más importante­s desde la Segunda Guerra Mundial, con capacidad de alterar los movimiento­s de capitales, el crecimient­o mundial y las divergenci­as en renta y riqueza entre países. La propuesta será aceptada con entusiasmo por unos gobiernos que salen de la pandemia con hambre de más gasto público para apoyar la recuperaci­ón y la transforma­ción del sistema económico y social. El horizonte que contemplan los gobernante­s es de un incremento espectacul­ar del gasto público que requerirá subidas de impuestos.

La propuesta es positiva porque contribuye a una fiscalidad internacio­nal más justa y equilibrad­a, fomenta una asignación más eficiente de los recursos, contribuye a un mayor crecimient­o mundial, provee de mayores ingresos tributario­s para la financiaci­ón del Estado de bienestar y dificulta la superviven­cia de los paraísos fiscales y la evasión fiscal.

Para otros el posible acuerdo es negativo porque reduce la competenci­a fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos, porque atrapa a las empresas en un monopolio fiscal del Gobierno, porque priva a los países emergentes de una herramient­a fiscal necesaria para reducir la brecha de desarrollo y porque limita la soberanía de los Estados.

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