La Junta condena a la Agencia Idea a la ineficacia y al bloqueo
Los escándalos judiciales y el cambio político socavan el prestigio del organismo público Cobra a las empresas intereses abusivos y exige garantías desproporcionadas
De perla del fomento de la actividad empresarial a convertirse en un verdadero obstáculo para el reparto de los fondos públicos. Este es el recorrido que ha realizado la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la última década, en la que esta empresa pública ha pasado de ser uno de los instrumentos financieros de mayor prestigio y más eficaces en la gestión de las ayudas públicas, principalmente las que se recibían a través de los fondos europeos, a ver cómo su nombre se asociaba continuamente y sin descanso a los escándalos de corrupción que han azotado a los últimos gobiernos del PSOE antes de la llegada del Gobierno del cambio, liderado por el popular Juanma Moreno.
El caso de los ERE, cuya tortuosa instrucción comenzó en el año 2011, fue el inicio del hundimiento de la imagen de la agencia IDEA, a pesar de que la entidad tenía un papel meramente instrumental: actuaba como simple caja pagadora de unas ayudas que concedía y gestionaba la Consejería de Empleo.
Casi de forma paralela a los ERE, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a cuestionar las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, una sociedad pública andaluza de capital riesgo que pertenecía a la agencia IDEA, lo que motivó la formación en el año 2012 de otra macrocausa en la que se han investigado las ayudas concedidas a una treintena de empresas.
El Ministerio Público fue cercando, en los años siguientes, a la agencia pública, lo que dio pie a la apertura de nuevas macroinstrucciones: la de los avales y préstamos concedidos por la agencia, y también las transferencias de financiación de esta agencia, ésta última recientemente archivada. Macrocausas todas ellas relacionadas con las actividades realizadas o participadas por IDEA.
La postura del Ministerio Público se ha visto reforzada por la campaña de acusación y oposición destructiva que durante años ha desarrollado el Partido
Popular, que se ha personado en todas y cada una de las macrocausas abiertas, criminalizando la actuación de la agencia y de muchos de sus directivos que han acabado declarando como investigados y/o acusados en las distintas piezas que se han abierto para su enjuiciamiento.
Y después de todos esos años de acusaciones, cuando el PP llegó al Gobierno andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018, ha mantenido esa estrategia acusatoria en los tribunales, a pesar de que en muchas ocasiones, como ha ocurrido en el caso de los ERE o en Invercaria, su postura no ha coincidido con la que ha mantenido la acusación particular que ejerce la propia Junta de Andalucía, que ha pedido el archivo de algunas piezas mientras el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz ve delitos y pide cárcel.
Pero quizás esta discrepancia no es lo más grave, lo peor es la situación de permanente bloqueo de la agencia por el “miedo” de los funcionarios y técnicos.
El propio Gobierno andaluz no
Una década de escándalos judiciales y el cambio de gobierno han socavado uno de los instrumentos financieros más prestigiosos que había en la Junta
escapa a ese miedo, porque después de tantos años denunciando las supuestas irregularidades delictivas –en realidad, muchas no pasaban de ser irregularidades en el ámbito administrativo– no ha sido capaz de participar en el rescate de la multinacional sevillana Abengoa, que precisaba una ayuda de 20 millones para el cierre de su refinanciación y evitar el concurso de acreedores. El Ejecutivo que preside Moreno no se ha atrevido a que, dentro de diez, 15 o 20 años, un fiscal Anticorrupción viniese a revisar la operación de Abengoa y considerara, como ha ocurrido en otros casos, que
La agencia está en una situación de bloqueo por el “miedo” de los técnicos a ser imputados