Bicicletas y justicia alimentaria Nace una Ley para regular a los repartidores de comida a domicilio
Social de 197 millones de euros eludiendo nóminas y pagos de impuestos de estas compañías que, ahora gracias a la Ley, tendrán que regularizar su situación.
Esta nueva Ley regulará derechos laborales y aumentará la recaudación pero no por ello elimina la precariedad ni saca de la marginalidad a estos trabajadores porque la comida a domicilio esconde una gran perversión. Aparentemente, las compañías llamadas FoodTech son empresas que aprovechan tecnologías como el internet de las cosas, el data y la inteligencia artificial,
España sea un país de bares, los hábitos van a cambiar con este proceso de uberización o amazonización eliminando restaurantes como en su día eliminaron librerías. Todos defendemos al pequeño comercio, pero luego compramos en marketplaces por sus precios y por la rapidez de entrega. Por desgracia, en nuestros consumos solo valoramos el dinero y el tiempo.
Estas compañías, en régimen de oligopolio, están llevando a cabo una peligrosa práctica colonizadora y provocando una pérdida de soberanía alimentaria, es decir, una quiebra del modelo de nuestra dieta mediterránea que traerá, en poco tiempo, serios problemas de salud pública (obesidad infantil, enfermedades cardiovasculares…) que pagaremos entre todos. Además, nos enfrentamos a la pérdida de derechos como consumidores. ¿Cómo podemos reclamar a una compañía cuya sede social está California?
A las grandes compañías tecnológicas les regalamos nuestros comportamientos ya que han creado algoritmos para que seamos manipulados. Ya saben, si la App es gratis, el producto eres tú. ¿Cuál es la solución? Regular. En Europa, los parlamentos no han sabido combatir este fenómeno y los cambios van tan rápidos que, a este paso, van a legislar cuando el daño ya esté hecho. ¿Cómo es posible que estas compañías que tienen beneficios multimillonarios y que operan en España no contribuyan a las arcas públicas?
La receta es bien sencilla: repartidores precarios, hosteleros ingenuos, empresas tecnológicas impunes, consumidores desprotegidos, ciudadanos manipulados y legisladores dormidos. Y aquí está el dilema, si esto es un problema de todos es un conflicto social y económico. Comer no es una actividad privada sino un acto político global que encierra una fuerza transformadora de estilos de vida y de justicia alimentaria.