El fin de la chabola o la ruina del campo
incendios o porque algún colectivo levante la voz.
El producto está ligado a la imagen: “Almería no cuida a sus trabajadores”. Esto genera que grandes cadenas de distribución recelen de los productos almerienses. Los Países Bajos se han convertido en los principales competidores de Almería y de ahí parten los documentales en los que se pone de manifiesto la vida de los inmigrantes en los asentamientos chabolistas de Almería.
El problema requiere de colaboración: empresas, municipios, Junta, Gobierno y Europa tienen los medios para procurar unas condiciones de vida dignas para los temporeros. Los primeros pasos ya se están dando. La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), que agrupa a 83 empresas hortofrutícolas y representa el 70% en exportación y el 65% en producción hortofrutícola, está presionando al Gobierno en busca de una solución. “La imagen que deja el chabolismo no beneficia para nada al sector”, dice Juan Antonio González, presidente de Coexphal, que dialoga con los municipios implicados. “El suelo tiene acceso al alumbrado público, al abastecimiento y al saneamiento urbano, por lo que reúne las condiciones para alojamiento”, explica la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez.
La actuación programada recoge no sólo un diagnóstico, sino que incorpora una intervención concreta con “soluciones habitacionales” para los trabajadores que campaña tras campaña buscan un empleo.
El estudio de la Universidad de Granada propone instar a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta a que consigne una partida de subvenciones específicas para la edificación de viviendas en las fincas agrícolas del Campo de Níjar que sean destinadas a alojar trabajadores inmigrantes.
Estas subvenciones, en lugar de articularse mediante procedimientos de concurrencia competitiva, deberían ser concedidas “en función de las necesidades socioeconómicas y humanitarias particulares de la zona y de la de urgencia e impacto de su cobertura”, dice el texto.
También contempla convenios de colaboración con la Consejería de Fomento de la Junta, con la finalidad de eliminar las infraviviendas, y la colaboración con la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias en la captación y canalización de fondos procedentes de instituciones de la Unión Europea.
Los investigadores recomiendan que antes de acreditar la segregación social, la marginación y la exclusión en los asentamientos se formule al Gobierno andaluz una propuesta motivada para que las extensiones territoriales del Campo de Níjar donde se ubican los asentamientos sean formalmente reconocidas y declaradas como Zona con Necesidades de Transformación Social.