Veinte años de mantra sectario

Va ya para veinte años que, con reiteración, algunos articulistas más zurdos que diestros vuelven a escribir –lo último que leo es el artículo “Más torpe que lista” de D. Ignacio Martínez publicado en ese periódico el pasado domingo– que la ley del suelo de Aznar “declaró todo el territorio urbanizable y se produjo la más acusada especulación del suelo y encarecimiento de la vivienda de la reciente historia de España”. Sé de sobra que la derecha no suele dar batallas culturales y así le va a veces. Pero, por favor, un poquito de seriedad y de conocimiento. La ley en cuestión es la ley 6/1998 de 13 de Abril (reformada a su vez en extremos que no hacen al caso por el Decreto –Ley 4/2000 de 23 de junio) y la misma fue declarada parcialmente inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2001, que declaró que las competencias al respecto no eran del Estado sino de las Comunidades Autónomas y/o de los Ayuntamientos y, adicionalmente, reinterpretó anulándolos en la práctica los artículos 9 al 11 y sus efectos liberalizadores. Y así, el diario El País en su edición de 17 de julio de 2001 titulaba: “El Constitucional anula parte de la ley del suelo por invadir competencias autonómicas” y añadía: “El Tribunal recorta las medidas urbanísticas liberalizadoras del gobierno popular”. ¡Por Dios, si viene hasta en la Wikipedia! (Posteriormente el DecretoLey 4/2000 sería también declarado inconstitucional por no ser de extraordinaria y urgente necesidad). Las Comunidades Autónomas, cada una hija de su padre y de su madre, no reaccionaron ante este frenazo hasta años más tarde y el propio Estado en su ámbito competencial residual no lo hizo hasta la ley de 1 de julio de 2007 (la denominada ley Trujillo), ya en la época de Zapatero. Con nociones elementales de economía parece inevitable colegir que una ley que pretendía incrementar el suelo urbanizable es difícil que pudiera encarecerlo; y con nociones elementales de urbanismo podemos deducir que aunque, hipotéticamente y contra la propia naturaleza de las cosas, dicho encarecimiento pudiera ocurrir, la referida ley casi no tuvo tiempo de producir efecto alguno habida cuenta de la complejidad de la tramitación del urbanismo. Parece más razonable concluir sin sectarismo que fueron el frenazo del Tribunal Constitucional, por un lado, y el posterior retraso de las Comunidades Autónomas y del Estado por otro, al congelar la disponibilidad de suelo urbanizable y producir en consecuencia su escasez, la causa última de su encarecimiento. Pues no, no y no. Veinte años más tarde se nos repite machaconamente que una ley liberalizadora que no tuvo tiempo de producir sus efectos es la culpable de la especulación del suelo. ¡Es que era de Aznar! ¡De verdad, que jartura!