El incierto futuro de la Aduana
● La descatalogación del edificio por parte de la Junta de Andalucía se da por hecha, pero no está nada claro que vaya a ser derribado… ni cuándo
Lleva más de seis décadas formando parte del paisaje del entorno del puerto, aunque su encaje ha sido polémico desde el principio. Y su continuidad ha vuelto a ser debatida, una década después de que la Junta de Andalucía diera carpetazo al posible derribo. El acuerdo plenario del viernes para instar a la administración autonómica a que suprima a la Aduana del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz vuelve a poner el foco en la plaza de Sevilla y su futura reurbanización, que acumula años de parálisis y de retraso y que vuelve a mirar al futuro con incertidumbre.
La próxima descatalogación del edificio por parte de la Junta es algo que se da por hecho. La unanimidad política que respalda la decisión (los dos partidos que gobiernan ahora en Andalucía, PP y Cs, así como PSOE y la variante gaditana de Adelante Andalucía) abre la autopista a que la decisión que se adoptó en 2009 sea tumbada. Así lo atestiguan además los informes que acompañan a la petición municipal, absolutamente contundentes respecto a la inconveniencia de mantener la Aduana en ese inventario e incluso poniendo el acento en ciertos defectos de forma que habría tenido hace doce años el expediente realizado.
Hay otra clave en el escenario actual que merece no ser despreciada: la acción que ha iniciado el Ayuntamiento se debe al Partido Popular; el grupo municipal que lidera Juancho Ortiz fue el que elevó la moción el pasado mes de enero, dando paso al informe aprobado el pasado viernes. Sería difícil de entender, por tanto, que el PP liderara la iniciativa a nivel municipal y el mismo partido la rechazara en la Junta de Andalucía.
Dando, de este modo, por sentado que la descatalogación es cuestión de tiempo, eso no tiene por qué guardar una relación directa con el derribo del edificio. Son asuntos distintos; como de hecho han dejado claro los arquitectos en su informe de este mes de mayo. “Cualquier otra actuación sobre el edificio no se considera en el presente informe”, dice el escrito del Colegio que sí apoya la descatalogación. Es decir, que llegado ese día en que el edificio ya no cuente con protección se abriría de nuevo el debate respecto a su demolición. Debate que además iría en paralelo a toda la tramitación relacionada con la modificación del PGOU y el derribo en sí.
Antes que tirar el edificio habría que buscar una alternativa para su contenido. Una nueva sede para la Aduana que necesitaría al menos 3.000 metros cuadrados para garantizar la actividad que allí se realiza a diario. Algo que en 2009 estaba claro, otorgando una parcela en la Avenida de Astilleros, y que ahora habría que volver a reorganizar y negociar con las administraciones implicadas en la Plaza de Sevilla.
Todo ello, además, teniendo en cuenta el coste de la operación económica, que el foro Salvemos la Aduana cifró recientemente en 15 millones de euros (a razón de un millón en el derribo, 1,75 millones para la compra de la nueva parcela; alrededor de 7,5 millones para construir el nuevo edificio y otros 3,5 millones para equipar adecuadamente esos servicios que se realizan en la Aduana). Un precio excesivamente alto para las posibilidades económicas de una ciudad con muchos proyectos pendientes y muchos frentes sobre los que actuar. El mismo viernes, sin ir más lejos, se inició otro intento de subasta del módulo hotelero del Carranza para ingresar 9,8 millones de euros que se destinarán directamente a inversiones (y que sumarían el 70% del presupuesto municipal de inversiones).
Por todo ello, y teniendo por seguro que en los próximos meses la Aduana quede liberada de protección patrimonial alguna a nivel andaluz, el camino que la ciudad debe recorrer hasta eliminar el edificio y recuperar el plan urbanístico inicial de la Plaza de Sevilla se antoja aún largo. E incierto.