La Junta da otro paso contra las nuevas edificaciones irregulares
● Fomento trabajará con los consistorios de La Janda en la elaboración de unos planes especiales
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, firmó ayer con los alcaldes de Barbate, Miguel Molina; Conil, Juan Bermúdez, y Vejer, Manuel Flor, un protocolo de colaboración para el diseño de los planes especiales que permitirán en un futuro la regularización de los asentamientos con edificaciones irregulares, además de hacer un frente común para reforzar la inspección urbanística para que no se construyan nuevas edificaciones irregulares.
Marifrán Carazo destacó que este acuerdo de colaboración pone de manifiesto que el decreto de viviendas irregulares “abre una puerta a los ayuntamientos para resolver una problemática que llevaban décadas arrastrando sin encontrar vías de solución y que afectaban a cientos de sus vecinos”.
De hecho, el protocolo se suscribe con tres de los ayuntamientos de la provincia que más dificultades se han encontrado ante la proliferación de construcciones irregulares en sus términos municipales.
El convenio plasma el compromiso de actuar de manera conjunta para ofrecer un marco jurídico en las agrupaciones de edificaciones irregulares a través de planes especiales de adecuación ambiental y territorial que reduzcan su impacto ambiental y territorial y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Para ese cometido, se prevén desarrollar reuniones conjuntas para dar un impulso a estos planes especiales.
Además, se contempla impulsar líneas de cooperación y coordinación para garantizar una pronta reacción y el éxito de las medidas adoptadas frente a las infracciones urbanísticas, con “la firme voluntad de preservar nuestros recursos naturales”, según ha destacado la titular de Fomento.
Entre otros puntos, desde la Junta de Andalucia se mantendrán reuniones informativas y se emitirán informes a consultas planteadas por los técnicos municipales para ofrecer una labor de asesoramiento. Por su parte, los consistorios pondrán a disposición de este cometido los medios a su alcance para favorecer la asistencia necesaria en la inspección, garantizando la colaboración de la Policía Local y los servicios técnicos.
La titular de Fomento aprovechó esta firma para señalar que el cometido del Gobierno andaluz siempre ha sido plasmar un marco normativo “claro y sencillo, que facilite el camino a los ciudadanos”, ya sea en el caso de las edificaciones irregulares o en el urbanismo andaluz. Sobre este último aspecto, isistió en que “esa misma filosofía de clarificar y simplificar normativa la ostenta el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que, pese a haber recabado un importante apoyo social en su elaboración, no superó el debate a la totalidad para iniciar su trámite parlamentario”.
Carazo aludía así a la decisión del grupo parlamentario Vox de retirar su apoyo a esta norma la semana pasada. La responsable de Fomento recalcó que el Ejecutivo andaluz volverá a llevar la Lista a la Cámara, ya que considera que es una ley “moderna, que no sólo está llamada a clarificar el urbanismo andaluz tras años de maraña administrativa que ha lastrado el desarrollo de Andalucía, sino que será un aliado para la reactivación económica”. “Esta ley aportará seguridad jurídica, minimizará los tiempos de aprobación de los planes urbanísticos y reducirá los trámites para que se desarrollen proyectos que sean viables y que lleven incorporado un sello de sostenibilidad y protección del entorno”, manifestó la consejera.
Solo en la pedanía costera de El Palmar, en Vejer, en 2019 se contabilizaron 965 expedientes, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, lo que supuso un incremento del 12% respecto a 2019 y un 95% más si se compara con los datos de 2018.
Durante el pasado año 2020, y a pesar de que en el periodo de confinamiento del Estado de Alarma se suspendieron las visitas durante tres meses, se realizaron 524 inspecciones. También destacaron las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, el precinto de edificaciones irregulares en construcción, el corte de suministros ilegales y la imposición de multas coercitivas.
El Servicio de Inspección precintó en 2020 65 edificaciones en parcelaciones ilegales. El dato contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. La Inspección detectó también infracciones urbanísticas en otros puntos de Conil y Barbate.
Los agentes de Policía Local colaborarán en el refuerzo de la inspección urbanística