Impugnada una causa de IDEA porque la instrucción no se prorrogó a tiempo
● Una defensa cree que se ha vulnerado su derecho por el desarrollo opaco de la investigación
La defensa de un ex director de la agencia IDEA investigado en la macrocausa de los Avales de dicha sociedad ha impugnado la decisión del juez José Ignacio Vilaplana de acumular las dos investigaciones que hay sobre estas ayudas –conocidas como Avales I y Avales II– al considerar que la instrucción no se prorrogó en su momento y, por tanto, está “caducada” desde febrero de 2020, por lo que ahora ya sólo cabe que se dicte auto de sobreseimiento o de continuidad con las pruebas que se hubieran practicado hasta el momento en que debió finalizar dicha investigación.
En su recurso, el letrado pone de manifiesto que las diligencias previas de la causa de los Avales II, que se abrió en 2017, se ha desarrollado “en su integridad a espaldas de los investigados durante más de cuatro años”. Un desarrollo opaco. De hecho, Avales I se inició en 2014 y Avales II en 2017 y, a pesar del tiempo transcurrido ninguno de los investigados en la primera pieza –el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez García y el ex director de IDEA Jacinto Cañete– han sido llamados a declarar en todos estos años transcurridos y en los que incluso Avales I fue inicialmente archivada por la juez Bolaños.
El recurso de reforma presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla contra el auto de acumulación de los Avales I y Avales II señala que las diligencias se incoaron el 14 de febrero de 2017, acordándose en julio de ese mismo año, dentro del plazo legal, la declaración de causa compleja y prorrogando la instrucción por otros 18 meses, con lo que la misma debía de finalizar el 18 de agosto de 2018, si bien el mes anteriorn se acordó una nueva prórroga por otros 19 meses, según el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en ese momento.
Todo ello conduce, según la defensa, a que la instrucción “debió finalizar el 14 de febrero de 2020”, dado que no se ha dictado ningún auto estableciendo una prórroga extraordinaria y última que establece dicho precepto, con lo que ese día “la instrucción caducó y finalizó”, sentencia Alférez.
El letrado recuerda en su recurso una circular de la Fiscalía General del Estado que establece que la declaración de complejidad conlleva que el plazo de instrucción será de 18 meses, “computados desde la incoación de la causa”, y que “en ningún caso podrá interpretarse como una adición de 18 meses al periodo de la instrucción ya consumido”.