Investigan una trama en Chiclana dedicada a explotar a extranjeros
● Ciudadanos hondureños se veían obligados a trabajar sin descanso y sin apenas ingresos
El Juzgado de Instrucción número 5 de Chiclana ha abierto una investigación para esclarecer una supuesta trama de trata de seres humanos en la localidad. Según consta en las actuaciones practicadas hasta el momento, los dos principales implicados en este caso, en connivencia con terceras personas, se dedicaban a captar a ciudadanos de Honduras para traerlos a España y ofrecerles trabajo. Sin embargo, una vez que llegaban a nuestro país, les quitaban la documentación, los explotaban en sus puestos de trabajo y les detraían de su sueldo en negro el cobro de su traslado así como el pago de una deuda contraída por las supuestas gestiones realizadas para regularizar su situación.
Por el momento, hay más de una docena de investigados, dos de ellos en prisión provisional bajo fianza de 12.000 euros, según fuentes judiciales consultadas. El juez les imputa los delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. El número de afectados aún no se ha podido concretar, si bien se cuentan por decenas. Es previsible que la cifra de posibles víctimas aumente según avancen las pesquisas judiciales.
El fiscal del caso sostiene que los dos principales sospechosos, de común acuerdo con terceros, enviaban cartas de invitación a ciudadanos de Honduras que se encontraban en situación de necesidad y les ofrecían venir a España a trabajar. Una vez en territorio nacional, los perjudicados eran trasladados de Madrid, donde tomaban tierra, hasta Chiclana. Entonces, según la Fiscalía, los investigados se apropiaban de la documentación de las víctimas y les advertían que les retendrían esa documental hasta que no les pagaran la deuda contraída con ellos por las gestiones realizadas y los gastos del viaje.
En cuestión de pocos días, los imputados, en connivencia con los administradores de dos empresas de asistencia a la tercera edad con sedes en Cádiz y en Jerez, obligaban a las víctimas a trabajar como internos en el cuidado de personas mayores, señala el Ministerio Fiscal.
Asimismo, la acusación pública subraya que las personas captadas, en absoluta situación de necesidad, sin documentación, sin conocimiento del país donde se habían desplazado y sin otros lazos que la relación con los imputados, “trabajaban sin contrato, sin horario establecido y sin días de descanso”.
Además, “cobraban un sueldo en efectivo y gran parte del mismo iba destinado a pagar a los investigados por la deuda contraída así como por los gastos derivados de la habitación donde se alojaban”, pues muchos de ellos residían y eran empadronados en la vivienda de uno de los principales sospechosos, en Chiclana.
En el registro practicado en esa casa se halló abundante material que apoya la versión de la Fiscalía, por ejemplo, varios documentos de reconocimiento de deuda así como documentación identificativa de los perjudicados.
La investigación de este asunto se inició a partir de la denuncia interpuesta por dos afectadas en el año 2019. Desde entonces, la instrucción del procedimiento ha estado declarado secreto en dos periodos diferentes.
El delito de trata de seres humanos está castigado con penas de prisión de cinco a ocho años y el delito contra los derechos de los ciudadanos de los extranjeros contempla penas de cuatro a ocho años de cárcel.