AMPLIAR DERECHOS EN EDUCACIÓN
RAMÍREZ-PÉREZ. Los apellidos son inventados. Su caso es real. Es la historia de una familia (y como esa familia, otras tantas) del entorno rural de la provincia de Granada (bien podría ser también de Almería, Jaén o de cualquier otra provincia andaluza) que siempre ha tenido a sus hijos en el mismo colegio concertado, pero que este próximo curso los cambiarán a la pública. No lo harán, eso sí, por voluntad propia, ni tampoco por deseo de los niños, que sienten como una pérdida la salida de su colegio de siempre y el alejamiento de sus compañeros, sino por estrictas razones económicas. El impacto de la pandemia les impide hacer frente a los gastos derivados de comedor y transporte, que en los colegios de titularidad pública sí pueden bonificarse, hasta un cien por cien, mientras que en la concertada no pueden, salvo becas o ayudas muy excepcionales.
Los dos partidos que conforman el actual Gobierno de Andalucía ganaron las elecciones con un programa educativo que podría resumirse en dos pilares fundamentales: igualdad y familias. Libertad de elección de las familias e igualdad entre todos los centros que garantizan el derecho público a la educación con independencia de su titularidad (publico o privada), su ideario, sus valores y su metodología (dentro lógicamente de un programa y unos objetivos académicos comunes).
Frente a lustros de discriminación continuada y de un sesgo negativo hacia la educación concertada como un recurso subsidiario y no complementario de la educación pública, totalmente contrario al espíritu de la Constitución y al pronunciamiento de los altos tribunales de justicia, el nuevo Gobierno inauguraba una época de esperanzas renovadas en una mayor autonomía de todos los centros, una igualdad mucho más real entre centros públicos y privados, una libertad de elección de los padres más plena y, en consecuencia de todo lo anterior, una mayor garantía del derecho público a la educación, tan distinto del supuesto derecho a la educación pública al que se ha intentado asimilar. En este caso el orden de los factores (de aparición del adjetivo público) sí altera sustancialmente el producto, que es la libertad. Si toda la educación financiada públicamente es de titularidad pública, si la educación privada queda restringida a las familias con mayores posibilidades económicas, el espacio de libertad, lejos de agrandarse, se aminora.
Para la familia Ramírez-Pérez el espacio de libertad se ha visto reducido. Cierto que el nuevo Gobierno andaluz no ha hecho nada para provocarlo, ha sido la crisis económica. Pero justamente eso es lo que indicamos al Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Que no ha hecho nada. Nada para reducir la desigualdad flagrante entre educación pública y concertada, nada para equilibrar los medios financieros de unos centros y otros, entre los que media una brecha económica enorme en asuntos como la formación de los cuadros directivos o las actividades complementarias, y nada en particular para evitar casos como este que estamos contando, de familias que se han visto obligados a llevar a sus hijos a centros públicos porque no pueden costear el comedor y el transporte.
El estereotipo presenta la inversión pública en educación concertada como preferencia hacia las familias de rentas altas. La realidad lo desmiente rotundamente. Las familias perjudicadas por la discriminación que sufre la concertada son precisamente las más desfavorecidas económicamente, muchas de ellas de entornos rurales y barrios periféricos, a las que la bonificación de estos servicios representa la diferencia entre poder ejercer o no la libertad de elección educativa. Sabemos que el momento es difícil y que no se puede deshacer en solo una legislatura varios lustros de desigualdad. Pero lo que demandamos al Ejecutivo liderado por el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, es que se atreva a avanzar en la igualdad real, que necesariamente pasa también por la igualdad financiera, y sobre todo que no permita, bajo ningún concepto, casos como los que estamos contado, de familias literalmente expulsadas de la educación que desean para sus hijos por razones económicas.
En todos los frentes y áreas de atención educativa, las necesidades de todos los centros sostenidos con fondos públicos son las mismas, y por tanto lo único razonable y aceptable es que se los dote con los mismos recursos. Ampliar derechos es permitir a las familias que puedan elegir sin el condicionamiento de la presión económica derivada del pago de determinados servicios. Y ampliar derechos es singularmente ayudar a las familias con menos recursos, allí donde estén, sin diferenciar si están en centros públicos o concertados. Una política educativa de ampliación de derechos no es una política que deba decidir la asignación de recursos según la titularidad del centro sino una que mire la realidad sociológica de cada centro y ayude especialmente a aquellos que tienen un contexto más adverso, aterrizando en los casos como los de la familia Ramírez-Perez.