EL PELIGRO DE UN GOBIERNO EQUIVOCADO
UTILIZAR elindultocomo herramienta de negociación política es un desafuero que menoscaba la Justicia y atenta contra el equilibrio de los poderes del Estado democrático. Indultar a los golpistas del procés en las actuales circunstancias, sin haberlo solicitado los penados, sin arrepentimiento y bajo la pública amenaza de que volverán a las andadas solo tiene una lectura: para el Gobierno, quebrantar la ley no es delito si su continuidad depende de los que la incumplen. El argumentario de La Moncloa y sus voceros es políticamente obsceno. Se resume en la enrevesada frase pronunciada por la vicepresidenta Carmen Calvo: “A veces, la mejor justicia es la peor política”. Si en cualquier tiempo y lugar la expresión, puesta en boca de un gobernante, motiva sospechas, en este contexto certifica la despótica intención del poder político. La pacificación de Cataluña, la recuperación de esa comunidad en el marco constitucional, es un objetivo indeclinable, aunque cada día más complejo por la pasividad o connivencia de distintos gobiernos, pero la concordia no se logra conculcando las sentencias del Tribunal Supremo en un acto de rendición ante los enemigos del sistema.
La campaña de alegatos es feroz y, para gran sorpresa del socialismo ortodoxo, prohombres del PSOE tradicional como Joaquín Almunia o Enrique Barón, a los que este analista trató y consideró en los respetables postulados de la izquierda templada, se han sumado a la causa del sanchismo, lo que prueba que las fracturas en el partido que gobierna son mucho más profundas de lo que parece. Los indultos, tal y como los plantea el Ejecutivo Frankestein, no ayudarán al apaciguamiento del llamado conflicto catalán, como auguran los citados en un escrito ramplón que comparten con otros viejos conocidos como Paca Sauquillo o Manuela Carmena. Ni, como dicen, serán la inauguración de la política como medida para la resolución del enfrentamiento. Ojalá fuera así. Y ojalá que las razones que esgrimen los que respaldan la espuria motivación de Pedro Sánchez fueran producto una inocente bonhomía y no de una partidista complicidad. El desmentido lo hizo el nuevo presidente títere de la Generalitat, Pere Aragonés, al proclamar en su discurso de investidura que el objetivo es “culminar la independencia”. Blanco y en botella.
A Sánchez no le preocupa violentar la legalidad, ni la impopularidad que conllevan sus decisiones, ni la caída del PSOE en los sondeos, ni la rebelión de varias comunidades autónomas contra las medidas anti-Covid, ni la inestabilidad económica y social, ni la debacle en política exterior, ni siquiera, a título personal, que coja vuelo la idea de la UE de buscar un Draghi español, sino mantener los apoyos parlamentarios que apuntalan su presidencia. El Gobierno y los secesionistas comparten coartada. Habrá indultos, habrá mesa de diálogo, que será manejada por el preso Junqueras y el prófugo Puigdemont, y La Moncloa se apresurará en emitir humos de fraternidad. Habrá relato de pacificación. Y dinero al bote. Ambos se necesitan. Unos para permanecer y, los otros, para cimentar su república. Y atentos los discrepantes, porque es peligroso tener razón cuando el Gobierno está equivocado. Lo dijo Voltaire.
Utilizar el indulto como herramienta de negociación política es un desafuero