EL INDULTO, UNA DECISIÓN POLÍTICA
TODO Gobierno democrático tiene la obligación de afrontar los grandes problemas que preocupan al conjunto de la ciudadanía. Durante siglos, España ha tenido que convivir con el problema territorial, especialmente la cuestión vasca y catalana; un problema que parece estar en el ADN de nuestra historia. No es este artículo el lugar para repasarla, pero sí para recordar que la Constitución Española de 1978 representó un proceso de descentralización política-territorial que aportó la solución más integradora de la diversidad cultural y lingüística, así como de las aspiraciones de autogobierno de los distintos territorios. Con el tiempo, el voraz apetito competencial y la huida hacia adelante de algunos nacionalismos han intentado poner en cuestión la estructura autonomista federal de nuestra Constitución. Durante la etapa democrática, vivimos dramáticamente, durante muchos años, el intento del terrorismo de ETA de desestabilizar la democracia y romper la unidad de España; la firmeza del Estado, la actuación de las Fuerzas de Seguridad, pero también el dialogo y la negociación, pusieron punto final al intento.
En la actualidad, el proceso independentista catalán representa la cuestión más grave a la que se enfrenta la democracia y la integridad territorial española. Si tomamos como fecha de referencia el año 2017, las leyes de desconexión de Septiembre, el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia por el Parlament catalán, a pesar de las intenciones de sus promotores, marcaron con claridad que toda estrategia independentista a través del enfrentamiento con el Estado y la ruptura con la Constitución estaba condenada al fracaso. La sentencia del Tribunal Supremo y la condena de los dirigentes independentistas fue la respuesta del Estado democrático de derecho a la ilegalidad de todo el proceso de independencia. Sin duda, fue la actitud ilegal de los dirigentes independentistas la que provocó la judicialización del conflicto catalán, introduciendo a este en un bucle de difícil salida que dificultó cualquier intento de diálogo entre el Gobierno y el independentismo.
Es en este contexto en el que se sitúa el debate sobre la decisión de indultar o no a los condenados por el Tribunal Supremo. Este, en el marco de la legalidad democrática, dictó su sentencia y, posteriormente, emitió un informe judicial, no vinculante, contrario al indulto tramitado por el Gobierno. Pero el indulto, al ser una prerrogativa constitucional del Gobierno, abre un debate político sobre sus efectos o de la ausencia del mismo sobre la evolución del conflicto catalán.
Sin dejar de valorar las razones expuestas en el informe del Tribunal Supremo, el indulto es una decisión política del Gobierno: en este caso, la decisión de facilitar o no un dialogo político sobre el problema catalán. Por bien fundamentada que esté, no sera fácil para el Gobierno tomar esta decisión, no sólo por las razones alegadas por el Tribunal Supremo, sino también por el desgaste político que la misma tendrá para el Gobierno y el partido que le apoya. Es una decisión política trascendental ante una situación política excepcional, pero el Gobierno está política y moralmente obligado a una decisión –en este caso, el indulto– que facilite el dialogo y la negociación, base necesaria para lograr concordia y la convivencia entre todos. En todo caso, la decisión del indulto, aunque sea parcial y reversible, será una de las más difíciles a las que se pueda enfrentar un Gobierno democrático.
El conflicto catalán es un conflicto de naturaleza política. Habrá dudas, el proceso puede ser incierto, pero es necesario situarlo en un ámbito de dialogo y negociación. Al menos, hasta ahora nadie ha presentado una alternativa distinta. Debemos enfrentarnos a la realidad de que en Cataluña hay un Gobierno independentista, apoyado por una mayoría independentista en el Parlament y por muchos ciudadanos catalanes. Si no lo entendemos así la salida sera el bloqueo y el enfrentamiento. La decisión del indulto abre el camino a la política; traslada generosidad, pero también firmeza y seguridad en el marco y los limites que la Constitución española establece.
Sin duda, fue la actitud ilegal de los dirigentes independentistas la que provocó la judicialización del conflicto catalán, introduciendo a este en un bucle de difícil salida