La Audiencia de Huelva rechaza otra denuncia de temporeras por abusos
● Confirma el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción de Palma del Condado al no apreciar maltrato laboral
La Audiencia de Huelva ha confirmado la decisión del juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado que en abril de 2019 acordó el archivo de una denuncia presentada por una decena de trabajadoras temporeras marroquíes por las condiciones laborales. Se trata de una denuncia más que la Justicia archiva, después de haber rechazado la Justicia otros casos de acosos y abusos sexuales.
La Sección Primera de la Audiencia onubense ha ratificado la decisión del instructor y ha recordado que en este caso, los hechos que se investigaban podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, pero “en absoluto” un delito de trata de seres humanos “ni mucho menos un delito de lesa humanidad”.
Las trabajadoras denunciaron ante la Guardia Civil las supuestas “malas condicione” laborales en una finca de Doñana, asegurando que “no se respetan las condiciones del contrato que firmaron en origen, que le hacen pagar 60 euros mensuales para alojamiento, luz y agua, trabajando unas siete horas diarias, con un descanso aproximadamente de veinte minutos, de lunes a sábado, desconociendo el sueldo pues aún no había cobrado, viviendo en unos contenedores seis personas, con dos ventanas sin persianas, sin aire acondicionado y además cuando llueve hay goteras, le obligan a transportar una cierta cantidad de cajas, con el producto y llevarlo al camión, pesando cada caja unos cinco kilos y que transportan entre cinco y siete cajas, si no les obligan a irse a casa”.
También sostenían que el dueño de la finca “les habla mal, les insulta y trata a todas las mujeres mal y encontrándose enferma y siendo derivada al hospital le dicen que tiene que pagar 40 euros, lo cual no hace hasta que la ayuda del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, todo lo cual ratifica en declaración judicial el 9/10/2018 en la que además relató otros hechos que le habían contado otras trabajadoras respecto de que la Policía no dejaba salir a ningún trabajador, que las querían subir en autobuses para llevarlas a Marruecos y que la Policía y los dueños de la empresa las perseguían pero lograron escaparse unas diez personas”.
El juzgado acordó el archivo de la denuncia y la Audiencia de Huelva ha ratificado esa decisión, a la que se había adherido la propia Fiscalía, a pesar de que en la fase de instrucción el Ministerio Público se había opuesto al sobreseimiento.
En el auto, los magistrados argumentan que el delito que se investiga, “contra el derecho de los trabajadores previsto y penado en el artículo 311.1º del Código Penal y que castiga a los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual y de lo actuado la comisión de tal delito no ha quedado suficientemente acreditado”.
Dice el tribunal que en el auto recurrido “se hace una expresa y extensa valoración de las diligencias practicadas” y de ellas “claramente se desprende la conclusión a la que se llega y así las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y por la Guardia Civil no aprecian las irregularidades denunciadas referidas a las condiciones de trabajo, estado de las instalaciones y alojamientos o indicios de trato vejatorio o discriminatorio, sin que quepa admitir lo que no pasan de ser conjeturas de la parte recurrente respecto de la actuación de dichos funcionarios, o la falsedad de las declaraciones de las trabajadoras a favor de la empresa y sus condiciones de trabajo, sino que las trabajadoras fueron contratadas en origen y dadas de alta en la Seguridad Social por la empresa, sin que conste condiciones perjudiciales en su trabajo”.
En este sentido, la Audiencia descarta las imputaciones a la inspectora de trabajo y a la Guardia Civil por un posible encubrimiento. “No existe el más mínimo indicio de la existencia encubrimiento alguno o cualquier tipo de dejación de las funciones que tienen encomendadas, pudiendo estimarse que son afirmaciones totalmente gratuitas a la vista de lo que consta en autos y sin que tanga la más mínima justificación la declaración como investigado de uno de los Agentes de la Guardia Civil actuantes”, sentencia.
Ni la Inspección de Trabajo ni la Guardia Civil apreciaron las irregularidades