El CGPJ pone trabas a que se prohíban las exaltaciones franquistas
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, con la oposición de una minoría de sus vocales, su informe sobre la nueva ley de Memoria Democrática, en el cual critica medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo.
El documento asume los planteamientos esgrimidos por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea en el borrador de dictamen, en el cual cuestionaban que el anteproyecto remitido por el Gobierno facultara el cierre de fundaciones profranquistas bajo el argumento de que, aunque defiendan valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas.
El dictamen, no vinculante para el Gobierno, salió adelante por 15 votos frente a seis, que se opusieron a la propuesta de los dos ponentes, aceptada íntegramente aunque con
División ante el informe sobre la nueva ley de Memoria Democrática,
matizaciones particulares, y en la cual también se subrayaba la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la posible prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura franquista.
La decisión adoptada ayer por el Consejo vuelve a mostrar la división que en el órgano de gobierno de los jueces ha provocado el anteproyecto, el cual ha seguido una turbulenta y larga tramitación prolongada porque los dos ponentes designados inicialmente para emitir el informe fueron relevados al no poder cerrar un texto de consenso.
Así, según ha comunicado el CGPJ, de sus 21 miembros han votado en contra José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Juan Martínez Moya, todos del sector conservador, junto a Concepción Sáenz, del progresista; todos formularán además votos particulares discrepantes.
Pero, entre los 15 que sí han respaldado el informe, hay seis que también emitirán votos particulares, aunque en su caso concurrentes.