“Cádiz depende de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad”
Ana Mestre afirma que esta norma simplifica trámites, reduce plazos y otorga más competencias a los ayuntamientos
La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, acompañada de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio, Mercedes Colombo, ha informado sobre la situación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) tras mantener una reunión con representantes del sector de la construcción y de colegios profesionales.
Mestre ha dicho que la Junta espera conseguir la unidad política necesaria para sacar adelante esta norma que ahora mismo está paralizada en el Parlamento andaluz por el voto “inesperado” en contra de Vox. De ahí que haya querido mantener un encuentro con abogados, aparejadores, constructores y arquitectos técnicos, “los artífices de esta ley junto a la administración autonómica”, para explicarles los pasos a seguir a partir de ahora.
Según ha manifestado la delegada de la Junta en Cádiz, la provincia gaditana tiene dos retos que asumir: proteger sus espacios naturales y afrontar el problema de las viviendas ilegales. Precisamente por eso “necesita una norma de ordenación del territorio que se adapte tanto a sus zonas costeras como a las del interior, con municipios pequeños”. “La LISTA, ha subrayado, crea herramientas favorables para el desarrollo de la provincia de Cádiz. Exigimos que esta ley se convierta en una realidad, porque Cádiz depende de ella”.
Mestre ha explicado también que esta norma viene a simplificar trámites burocráticos así como las clases de suelo, que quedan en dos, urbano y rústico. También dota a los ayuntamientos de mayor capacidad para que puedan aprobar gran parte de sus planes urbanísticos.
Por otro lado, la delegada se ha referido a la reducción de plazos para la aprobación definitiva de planes por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que pasarán de 5 a 3 meses. Además, para los municipios de menos de 10.000 habitantes “contempla un instrumento más ágil, el Plan Básico de Ordenación, que vendría a dotar de un impulso importante al desarrollo” de estas localidades.
Además, Ana Mestre ha resaltado el papel de esta ley en materia de recuperación económica. “En estos momentos, tenemos que ser proactivos y aglutinar esa maraña legislativa para que el urbanismo tenga figuras planteadas, recursos claramente definidos y así podamos caminar con la iniciativa privada para desarrollar empleo y generar riqueza y progreso”.
La Junta espera sacar la ley adelante tras el voto “inesperado” en contra de Vox
La delegada ha insistido en que “es fundamental que esta ley sea aprobada” al tratarse de una norma “a la que aspiran muchos sectores en Andalucía y que viene a modernizar la Administración autonómica en el siglo XXI”.
Ana Mestre ha aludido igualmente al avance en el trabajo para controlar la proliferación de viviendas ilegales en Cádiz y en Andalucía. “Hemos mejorado los recursos e incrementado la inspección y la cifra de expedientes tramitados”, ha señalado.
La delegada ha concretado que “en dos años, se han duplicado el número de expedientes”. En Andalucía, ha detallado, frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, en 2019 se gestionaron 950 expedientes, un 73% más y, en 2020, a pesar de la pandemia, llegamos a 1.087, lo que supone un incremento del 12%”. Además, ha añadido que “en este 2021 llevamos ya 575 actuaciones en apenas cinco meses, lo que nos hace prever que seguiremos con esa tendencia alcista en el número de inspecciones”.
También ha indicado que “las más de 1.200 actas de inspección levantadas han motivado la apertura de 930 denuncias desde 2019, 95 expedientes de protección de la legalidad, 157 expedientes sancionadores y 31 multas coercitivas”.
Según Mestre, “son datos que ponen de relieve el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios de la Administración andaluza y la agilidad y el compromiso para hacer útil este gobierno a la sociedad. Son medidas puestas en marcha para hacer frente a todos los expedientes y poder tener celeridad en la respuesta a los ciudadanos”, a lo que ha sumado la necesidad de contar con la nueva legislación LISTA, “que es imprescindible”.
En este encuentro también han estado presentes, entre otros, el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Ignacio Romaní, así como responsables y profesionales del Colegio de Arquitectos de Cádiz, del Colegio de Abogados de Jerez, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC).