El PGOU de El Puerto, catorce años de trámites y siete y medio en vigor
● La anulación del documento por parte del TSJA, tras rechazar el Supremo el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, constata el fracaso del planeamiento urbanístico local
Siete años y medio de vigencia ha tenido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María, aprobado en diciembre de 2013 y anulado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si bien el recurso de casación presentado por el gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos ante el Tribunal Supremo le ha permitido dar las últimas bocanadas hasta el pasado 27 de mayo, fecha de la sentencia del Supremo.
Hay que decir, no obstante, que como señalan tanto el TSJA como el Supremo la anulación afecta a la aprobación misma del documento, es decir, que en realidad es prácticamente como si El Puerto no hubiese tenido este importante planeamiento en los últimos siete años y medio.
A estas alturas no está de más recordar la tortuosa historia de este documento, que arranca allá por el año 1999, durante el gobierno municipal de Independientes Portuenses en minoría, siendo alcalde Hernán Díaz. Se decidió entonces que era hora de sustituir el documento de 1992 y se encargaron los trabajos a técnicos municipales, encabezados por el ex jefe de Licencias del área de Urbanismo, Fernando Jiménez Fornell, ya jubilado justo después de haber sido inhabilitado en 2015 por el derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas.
Tras unos primeros años de consenso, hasta 2003, el documento de aprobación inicial se topó con el rechazo del PP, que advirtió que lo modificaría en cuanto tuviese ocasión.
Entre 2003 y 2007, ya con IP en pacto de gobierno con el PSOE, se complicó todo con el empecinamiento del equipo de Hernán Díaz en la firma de 25 convenios urbanísticos que vinieron a enredar más la madeja, recalificando numerosos suelos de todo el término municipal, sobre todo en la Costa Oeste. En 2005, además, entraba en vigor una nueva ley urbanística (la LOUA), que invalidaba de hecho la mayoría de los convenios negociados.
En 2006 además entraba en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que venía a chocar de lleno con las previsiones de crecimiento de la ciudad, aunque se decidió hacer oídos sordos y seguir adelante con la tramitación.
El cambio de gobierno en 2007 fue clave, tras la llegada al poder del Partido Popular, con Enrique Moresco como alcalde y en coalición con el Partido Andalucista y el ex concejal de IP Fernando Gago, que se había marchado del partido tras las elecciones de ese año.
Después de encargarse un informe a la Junta sobre el futuro del Plan, y tras confirmar la administración autonómica su inviabilidad, al incumplirse el POTA, se decidió prescindir del equipo liderado por Jiménez Fornell y se adjudicaron los trabajos a la empresa del arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, Territorio y Ciudad, por un importe de 1,9 millones de euros.
El contrato se firmaba en junio de 2008 para un plazo de dos años, aunque con dos más de prórroga y finalmente se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en diciembre de 2013. Aún quedaban pendientes entonces, no obstante, una serie de correcciones que se fueron realizando posteriormente, hasta 2016, siendo algunas de estas disposiciones promulgadas con posterioridad a 2013 las que han terminado por tumbar el Plan General.
Uno de los elementos fundamentales que el nuevo PGOU contemplaba eran dar solución a las más de 5.000 viviendas construidas al margen del planeamiento, otorgando carácter legal a estas edificaciones y planteando su incorporación progresiva al suelo urbano, 48 diseminados que ahora habrá que ver en qué situación quedan.
Paralelamente, en su papel de ‘pepitos grillo’ que muchas veces terminan teniendo razón, los ecologistas advertían ya en 2017 de la posible anulación del PGOU por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica -un requisito exigido tanto por la Unión Europea como por la legislación estatalpidiendo ya entonces al gobierno de PSOE e IU que comenzara cuanto antes la revisión del documento.
Todos los avisos cayeron en saco roto y tras confirmarse la anulación del Plan, en 2019, el actual Gobierno de PP y Cs solo acertó a dar una patada hacia delante con el recurso al Supremo, anunciando el comienzo de los trabajos para elaborar cuanto antes un nuevo Plan General. Habrá que esperar a hoy lunes para saber, de boca de los dirigentes municipales, cuáles serán los siguientes pasos a seguir.
Un equipo redactor municipal tramitó el plan durante 10 años, antes de Fustegueras
Las advertencias de la posible anulación del Plan fueron ignoradas sistemáticamente