Los terrenos de Defensa para levantar 20.000 inmuebles se cederán gratis a los municipios
● Sale adelante con 176 votos a favor y 167 en contra ● El PNV pasa de la abstención al rechazo y amenaza con llevar la norma al TC
El Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que permitirá topar los precios del alquiler y que, según la mayoría de partidos independentistas, invade las competencias autonómicas. El PNV, de hecho, avisa de un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó tras la votación que esta ley, junto con el impulso que va a dar el Ejecutivo a la promoción de inmuebles públicos, supondrá un cambio de paradigma
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que los terrenos que el Ministerio de Defensa pondrá a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para construir 20.000 viviendas de alquiler social “no va a suponer ningún gasto” para esas administraciones. que convertirá en un bien de primera necesidad lo que ahora es un “bien de lujo”, especialmente para los jóvenes.
La ley, pactada con ERC y Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención.
Sale adelante con el respaldo de PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe; la abstención del BNG y el rechazo de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, CC, UPN y el PNV, que cambió su voto a última hora después de abstenerse la semana pasada en la Comisión de Transportes.
El texto, que según la derecha solo beneficia a los okupas, pasará
En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Montero afirmó que la adquisición de los suelos para la edificación “no tendrá un coste añadido para las comunidades autónomas ni ayuntamientos”, sino que “se financiará con recursos del Estado que ya están contemplados”.
“Eso significa que no será como en otros casos, en los que algún ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
Durante el debate, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió que esta ley supone el quinto pilar del Estado de bienestar y confió en que sea un “punto sin retorno”; mientras que para la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, es un “avance social sin precedentes” y que con ella “pierden la banca y los buitres”.
La diputada de ERC Pilar Vallugera acusó a los que votaron en contra de poner como “excusa” la invasión competencial cuando, a su juicio, realmente se oponen “porque son de derechas”.
El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute consideró la norma un “paso corto, pero necesario, porque la alternativa es la desregulación del mercado y que los grandes propietarios campen ayuntamiento que se ha interesado por unos terrenos (de Defensa) ha tenido que comprarlos, o alguna comunidad que ha querido suelo para dedicarlo a algún uso y lo ha comprado”, afirmó la también vicesecretaria del PSOE.
Montero dijo que el Gobierno dará todos los detalles cuando el convenio sea aprobado en el Consejo de Ministros, que –según señalaron por sus anchas”; y se mostró convencido de que el texto “garantiza las competencias de las comunidades” porque “no es centralizador, sino habilitante”.
Para Íñigo Barandiarán (PNV) la ley es un “ejemplo paradigmático de recentralización” y se “extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas”; mientras que para Ferran Bel (PDeCAT) se trata a la vivienda “como si fuera una competencia compartida con el Estado”.
Mariona Illamola (Junts) denunció la invasión competencial y opinó que la “contención de rentas puede ser una medida adecuada en una situación de emergencia, pero no puede ser algo estructural”.
María Zurita (PP) advirtió de que la ley “hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios”; “solo favorece a los fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– no será en el próximo, del miércoles 3 de mayo, pero sí podría ser en el siguiente, el del martes 9 de mayo.
La ministra de Hacienda explicó que el convenio con Defensa que tiene que firmar el Ministerio de Transportes a través de Sepes, la sociedad estatal pública de suelo, un “cambio de paradigma”, al tiempo que acusó al presidente Sánchez de “venirse arriba” con su promesa de 113.000 viviendas públicas y le ha pedido un suelo presupuestario para ello.
Para Íñigo Errejón (Más País) esta ley es el “primer paso para que el derecho a la vivienda no sea pisoteado por el bloque inmobiliario rentista”, mientras que Ana Oramas (Coalición Canaria) la calificó de “disparate” y la situó en “clave electoral”.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y prevé recargos de entre el 50% y el 150% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años.
“está bastante avanzado” y que “hay una gran representación de la totalidad de la geografía española dentro del convenio”.
Expuso también que “son terrenos de Defensa que en este momento ya no son estratégicos para la defensa del país”.
“Estamos ultimando el convenio que llevaremos al Consejo de Ministros en breve para posibilitar que, en cumplimiento de la ley de Defensa, esos terrenos se puedan adquirir por parte de Sepes. Está todo en marcha, todo preparado y con los informes favorables de Hacienda, que es lo más importante en este caso”, indicó.