LA JUSTICIA TAMBIÉN PADECE UNA PROFUNDA SEQUÍA
Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Así resumió Séneca la consecuencia de la lentitud de uno de los valores fundamentales del ser humano: la Justicia.
Resulta paradójico que, en un sistema democrático y garantista como es el nuestro, la situación actual de la Justicia en España, en cada comunidad y en cada provincia, no sea motivo de máxima preocupación de todos: instituciones, políticos y sociedad en general.
Apenas finalizada la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), las asociaciones de fiscales y jueces (excepto las progresistas) han anunciado el inicio de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.
Este nuevo paro, en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas, coincidirá además con la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia. Mientras, choca de lleno con ver a toda una Ministra de Justicia, en la Feria de Sevilla, haciendo declaraciones precisamente sobre este gran problema.
A mi entender, la situación actual de nuestra Justicia en España es caótica y sus efectos sobre la calidad con la que debe ser ejercida como garante de los derechos ciudadanos, es más que nociva. La peor parte se la llevan los más débiles, los justiciables, aquellos cuyos derechos o intereses dependen de lo que resuelva sobre ellos los Tribunales de Justicia. Sólo en la Jurisdicción Social, tenemos despidos, reclamaciones de cantidad, pensiones de viudedad, orfandad, jubilaciones, impugnaciones de altas médicas, incapacidades, etc. Todo se eterniza en forma de casos amontonados en unos juzgados, a veces con sedes cochambrosas, como es el caso de Cádiz y su provincia, y en todas las instancias, llegando hasta el mismísimo Tribunal Supremo: en su Sala IV, de 13 Magistrados, sólo quedan 8.
El desgobierno del Consejo General del Poder Judicial es absoluto. Las sedes judiciales viven en un permanente aplazamiento de juicios y vistas.
El Ministerio de Justicia y, en el caso de Andalucía, la Consejería –competente de las infraestructuras y dotaciones de personal–, permiten que el barco siga en permanente capeo del temporal, sin medios a la altura de importante función que debe prestar al conjunto de la sociedad.
En Andalucía, como en otras Comunidades, la madeja se complica aún más. Los jueces dependen del CGPJ, sus nóminas las paga el Ministerio; los Letrados de la Administración de Justicia cobran igualmente del Ministerio, pero los funcionarios y sedes competen a la Consejería y algunas sedes, como la Audiencia Provincial de Cádiz, a la Diputación Provincial.
En este panorama, los operadores jurídicos, abogados, graduados sociales y procuradores, trabajamos como podemos, mientras los justiciables esperan años para poder obtener una resolución de un juez en relación a un problema de cualquier índoleEn el Orden Social ya hay señalamientos para el 2026.
El Tribunal Supremo ejemplifica lo insostenible de esta situación, con un 30% de vacantes en su plantilla y 1.200 sentencias menos el año pasado por la falta de jueces.
Hacia abajo, en cascada y hasta llegar a los juzgados de Primera Instancia, la pirámide de asuntos por resolver crece sin parar, mucho más de lo que podíamos imaginar quienes ya venimos alertando de esta situación desde hace años.
La pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Qué nuevo conflicto nos espera? ¿Cuándo acabará por desmoronarse este castillo de papel?
“Resulta paradójico que la situación actual de la Justicia no sea un motivo de preocupación”