El plan de Doñana sigue el trámite con la bronca política de fondo
de ley, por lo que dicho trámite sería ya en el mes de junio, después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
No obstante, cuando se abra el plazo de presentación de enmiendas, los partidos de la oposición ya han anunciado que no van a participar en este trámite y no presentarán ninguna ya que consideran que, al contrario de lo que cree el Gobierno andaluz, la iniciativa no es mejorable sino que sencillamente hay que eliminarla.
Por tanto, al margen de la disputa que mantienen Junta de Andalucía y Gobierno de España sobre esta iniciativa, que ha contado también con las críticas de la Comisión Europea, la iniciativa sigue su curso en el Parlamento autonómico pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido que se retire para sentarse a negociar.
Desde la Junta, que se insiste en que la proposición de ley no está aún aprobada, no se renuncia a encontrar una solución entre ambas administraciones y sigue insistiendo en que debe haber un diálogo, para lo que ha llegado a pedir al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que pida una reunión entre ambos gobiernos. La proposición de ley recupera el espíritu de la que se presentó en 2022 por PP, Cs y Vox, pero que decayó al producirse el adelanto electoral y que propiciaban que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales en las zonas B y C, zonas con menor protección medioambiental.
No obstante, el texto actual ha quedado enmendado por PP y Vox, que apuntan a que estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrológica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferentes.