Los funcionarios de Justicia vuelven a a protestar en su noveno día de paro
● El seguimiento de la huelga en la provincia sigue siendo alto, según los convocantes
Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia protagonizaron ayer la novena jornada de huelga (la segunda consecutiva esta semana), convocada por CSIF, junto a STAJ, Comisiones Obreras y UGT, para reclamar la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, “que empeora ostensiblemente las condiciones laborales de los empleados públicos”, aseguran los convocantes.
“El seguimiento de la huelga en la provincia de Cádiz sigue siendo alto y está afectando a una gran número de procedimientos judiciales”, han apuntado desde CSIF.
En la mañana de ayer, funcionarios de Justicia se concentraron ante los juzgados de San José, en la capital gaditana, y volvieron a cortar la avenida principal para ir en manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno.
Hoy jueves está convocada una nueva concentración ante la Audiencia Provincial, en Cádiz, coincidiendo con el tercer día de huelga de esta semana.
Desde CSIF se exige al Gobierno de la nación que “ponga ya encima de la mesa una propuesta concreta, aceptable y digna para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales”. “Es necesario que el Ministerio que dirige Pilar Llop reconozca de una vez por todas las funciones que realizan estos cuerpos de funcionarios y que se les retribuya de manera adecuada por ello”, apuntan desde la Central Sindical.
Ante la falta de respuesta del Ministerio, el comité de huelga, a nivel nacional, ha decidido llamar a los funcionarios de Justicia de todo el país a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo, así como a una gran manifestación, el día 25 de mayo, en Madrid.
Las movilizaciones de los funcionarios de Justicia coinciden en el tiempo con las quejas de jueces y fiscales. La mayoría de las siete asociaciones profesionales, en diálogo con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública para aumentar sus retribuciones, consideran “insuficiente” la propuesta del Gobierno, de unos 46 millones de euros para evitar su huelga indefinida.
Para Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, la última oferta es “algo menos inaceptable” que la primera que recibieron, de 44 millones, pero “sigue siendo inaceptable” y “poco asumible”.
Así lo declaró a la prensa a su llegada al Ministerio de Justicia, donde Gobierno, jueces y fiscales mantuvieron la tercera reunión de la mesa de retribuciones, que empezó con las mismas opciones de acuerdo que el primer día “o incluso más”.
“De momento hay muchas cosas sobre la mesa y ninguna cosa cerrada o a medio cerrar”, apuntó Carbonero sobre las negociaciones en curso.
No obstante, según fuentes próximas a la negociación, las asociaciones que se oponen a la huelga abogan por aceptar la oferta de aumento en sus retribuciones, que oscilan, de media, entre los 52.000 euros brutos al año al inicio de la carrera y los 131.000 al final de la misma, en los puestos más altos.